El conflicto judicial que involucra a la empresa LeoLabs y la instalación de un radar en las cercanías de Tolhuin, Tierra del Fuego, sigue siendo un tema clave en la política provincial. El gobierno de la provincia, encabezado por el Secretario de Relaciones Internacionales, Andrés Dachary, ha impulsado una demanda judicial para disolver la empresa, alegando que no puede cumplir con su "objeto social" debido a la falta de habilitación para operar.

El radar, instalado para el monitoreo de satélites y detección de basura espacial, fue aprobado en su momento bajo el supuesto de que no representaba una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de la Nación ha señalado que esta actividad podría ser utilizada con fines de espionaje, lo que llevó a la provincia a solicitar la disolución de LeoLabs.

En una reciente entrevista, Dachary explicó: “Lo que estamos pidiendo es la disolución judicial de la empresa, porque el Ministerio de Defensa nos ha dejado claro que este radar representa una amenaza para la seguridad nacional. No se puede permitir que una empresa con capitales británicos opere en un área tan sensible”.

El 21 de noviembre se llevará a cabo una audiencia judicial de conciliación entre la empresa y el gobierno provincial. Sin embargo, Dachary fue contundente al señalar que no hay espacio para un acuerdo: “El gobierno de la provincia se mantiene firme en su postura, no hay espíritu de llegar a un acuerdo. La prioridad es que la empresa se disuelva, porque no puede operar en las condiciones actuales”. La controversia se ha agudizado por el hecho de que la empresa firmó un contrato con el Ministerio de Defensa del Reino Unido, lo que genera mayores dudas sobre la seguridad y la soberanía nacional.

Mientras tanto, LeoLabs ha apelado al Gobierno Nacional, solicitando que se revierta la decisión de negar la habilitación para operar. Según Dachary, esta petición se enmarca dentro de un intento de la empresa por sortear los obstáculos legales. “Es una solicitud administrativa que pretende modificar una decisión tomada con base en informes del Ministerio de Defensa. Consideramos que es absolutamente improcedente”, sostuvo.

El Secretario de Relaciones Internacionales también se refirió a las implicaciones de que el gobierno nacional otorgue un nuevo permiso a LeoLabs: “Sería una aberración que se le permita operar. El Ministerio de Defensa ya dejó claro que representa una amenaza. No puede haber marcha atrás en este sentido”. Además, cuestionó las posibles motivaciones detrás de un cambio en la decisión: “Si llegara a darse ese cambio, sería como si un informe de defensa, que considera que esto es una amenaza para la seguridad nacional, de repente dijera lo contrario. Sería un papelón”.

El caso también ha puesto en evidencia las falencias en los procedimientos previos a la instalación del radar. Según Dachary, la provincia no activó los mecanismos de control necesarios antes de la autorización inicial, lo que permitió que la empresa avanzara sin la evaluación adecuada de los riesgos estratégicos.

“Hubo una falla en el proceso. Si se hubiera consultado a los organismos nacionales, como el Ministerio de Defensa, antes de otorgar la autorización, probablemente el radar nunca hubiera sido instalado. No se activó el circuito adecuado de consultas, y hoy estamos pagando las consecuencias”, explicó Dachary.

Más allá del aspecto legal, el conflicto también ha puesto sobre la mesa la importancia geopolítica de la región y su vínculo con la soberanía nacional. La cercanía de Tolhuin con las Islas Malvinas y la relevancia estratégica de la provincia en términos de control aéreo y satelital han sido claves en la postura del gobierno provincial.

Dachary subrayó: “No se puede permitir que una empresa extranjera opere en una zona tan sensible sin un control absoluto sobre la información que maneja. La soberanía nacional debe ser prioritaria, y no podemos permitir que empresas de otros países, como el Reino Unido, tengan acceso a datos estratégicos”.

En medio de este panorama, el futuro de LeoLabs en Tierra del Fuego sigue siendo incierto. La audiencia judicial del 21 de noviembre será un punto clave en el desarrollo de este conflicto, pero las expectativas del gobierno provincial son claras: “No hay margen para una solución conciliatoria. Lo que queremos es que la empresa se disuelva”, concluyó Dachary.

El caso sigue siendo de alta relevancia tanto para la provincia de Tierra del Fuego como para el gobierno nacional, que deberá definir su postura frente a las demandas de la empresa y la solicitud judicial de disolución. En el horizonte, el conflicto por el radar en Tolhuin podría ser solo el principio de un debate más amplio sobre la regulación de inversiones extranjeras en sectores estratégicos de Argentina.