El ministro de Economía de la Provincia, Francisco Devita, dialogó con la prensa tras la presentación del Presupuesto Provincial 2025 ante la Legislatura.

Al respecto, destacó que “fue una reunión muy interesante donde planteamos nuestra postura de plantear un presupuesto con mucha responsabilidad fiscal, sobre todo. Vivimos tiempos complejos en el transcurso de este año y buscamos que se gasten específicamente los ingresos que ingresan y estimamos que podemos manejar un déficit fiscal del 5% que fue lo que presentamos en este presupuesto.”

En este sentido, afirmó que “queremos poder prestar los servicios esenciales como educación, salud y seguridad. Deseamos que haya un buen vínculo con Nación que es lo que nos está faltando porque no tenemos la posibilidad de plantear los temas que nosotros queremos. Los recursos van a depender si repunta la actividad como ellos prevén den un 5%.”

Consultado sobre la discusión que mantienen con los municipios, principalmente con el Ejecutivo de Río Grande, remarcó que “no hay polémica, tenemos un trato a diario con las tres secretarias de Hacienda y no es una polémica, sino que tiene que ver con una cuestión técnica donde entendemos que tenemos razón porque hay ingresos que son financieros que se exponen renta de la propiedad y entendemos que no es recaudación y entendemos que había que quitarlos; lo mismo hicimos con el Municipio de Ushuaia.”

Según expresó el ministro, “no hay ninguna intencionalidad sino una divergencia de posturas que veremos si podemos zanjar. El recurso administrativo por el Municipio de Río Grande lo está respondiendo el equipo de contaduría provincial. Se va a sostener nuestra postura porque entendemos que tenemos razón. No se saca dinero de un lado para otro, sino que el coeficiente se reconfigura y va parte para Ushuaia y parte para Tolhuin”.

Finalmente, fue consultado sobre el cobro del impuesto inmobiliario y recordó que la actual ley “vence al 30 de diciembre, y por eso al impuesto inmobiliario lo presupuestamos especificamos porque hay una ley que vence el 31 de diciembre del 2024 donde por ahora recaudan los gobiernos municipales, pero a partir del 31 de diciembre debería recaudar el Gobierno, pero depende de una negociación que lleven adelante el gobernador con los intendentes que luego se plasme en una ley con los distintos legisladores.”

“Tenemos la obligación de presupuestarlos porque es una ley que se cae”, reiteró.