En una entrevista con FM La Isla, Jorge Canals, Vicejefe de Gabinete de Tierra del Fuego, abordó la crisis del sistema penitenciario en la provincia y las iniciativas que se están implementando para enfrentar la situación. Canals subrayó que el problema carcelario no es exclusivo de Tierra del Fuego, sino que se presenta a nivel nacional e internacional, donde los recursos son limitados y las prioridades gubernamentales se enfocan en áreas como salud, educación y seguridad.

El funcionario destacó la complejidad de la situación, enfatizando que en la provincia solo hay una unidad penitenciaria ubicada en Río Grande y una alcaldía en Ushuaia, lo que ha llevado a buscar soluciones alternativas. Una de las medidas en marcha es la construcción del anexo 4 en Ushuaia, que se espera que alivie la sobrepoblación en la alcaldía, proporcionando entre 24 y 25 espacios adicionales para los internos. Además, Canals mencionó que también están trabajando en un anexo 2 en Río Grande, que sumará 60 plazas a la capacidad actual.

Canals también se refirió al reciente fallo del juez Manuel Isidoro López, indicando que es parte de una crisis penitenciaria más amplia que requiere la cooperación de todos los poderes del Estado. “Este fallo abre un debate que involucra al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es una problemática que debe ser abordada de manera conjunta”, comentó.

El endurecimiento de las penas para delitos intrafamiliares, como violaciones, ha contribuido a agravar la situación, según Canals. “El mayor número de delitos en la provincia está vinculado a problemas intrafamiliares. Las penas más severas han incrementado tanto el número de internos como la duración de su estancia en el sistema penitenciario”, señaló.

Por último, el Vicejefe de Gabinete enfatizó que la solución a largo plazo implica la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario, aunque el financiamiento sigue siendo un desafío. “El costo de edificar una cárcel varía entre 2.300 y 2.500 dólares por metro cuadrado, lo que representa una inversión considerable. Estamos explorando alternativas, incluyendo la posibilidad de asociaciones público-privadas”, concluyó.