Desde el pasado 2 de diciembre, Tierra del Fuego se suma al cambio en el sistema judicial federal con la implementación del sistema acusatorio. Este modelo, que ya se utiliza en otros países desarrollados y algunas provincias argentinas, representa una transformación profunda en la forma de investigar, juzgar y resolver delitos federales. El defensor oficial José Bongiovanni, abordó los principales cambios y desafíos que trae esta nueva etapa para la administración de justicia en la provincia.

“El sistema acusatorio debió haber entrado en vigor en 2015, cuando se promulgó el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, pero su implementación fue suspendida y se realizó de manera gradual en distintas jurisdicciones del país”, explicó Bongiovanni. Desde entonces, provincias como Salta, Jujuy, Santa Fe y Mendoza adoptaron este sistema, y ahora es el turno de toda la región patagónica.

El defensor público destacó que este modelo implica un cambio "total y absoluto" del procedimiento penal. "Se otorga al Ministerio Público Fiscal el poder exclusivo de investigar y dirigir la acción pública, mientras que los jueces pasan a cumplir un rol de supervisión y resolución", señaló. Este cambio está alineado con el artículo 120 de la Constitución Nacional, que establece la autonomía del Ministerio Público Fiscal y la defensa de los derechos de los ciudadanos.

A diferencia del sistema inquisitivo, en el que los jueces eran los encargados de investigar, el sistema acusatorio traslada esa responsabilidad al Ministerio Público Fiscal. Los jueces, por su parte, actúan como garantes de los derechos de las partes, resolviendo los conflictos de manera oral, inmediata y en audiencias públicas.

“Este sistema elimina prácticas tradicionales como la declaración indagatoria y el auto de procesamiento, que muchas veces demoraban años en resolverse. Ahora, el fiscal investiga, la defensa presenta su caso y, en menos de un año, se decide si la causa va a juicio o no”, explicó Bongiovanni.

Además, destacó que las audiencias son públicas, lo que permite a cualquier ciudadano presenciar cómo se administra justicia. “Es un cambio que fomenta la transparencia y el control social sobre el sistema judicial”, afirmó.

El sistema acusatorio incorpora herramientas avanzadas de investigación, como agentes encubiertos, imputados colaboradores y técnicas de negociación de penas. “Por ejemplo, en casos de narcotráfico, es posible realizar audiencias por WhatsApp desde la ruta, lo que permite actuar con rapidez y eficiencia”, comentó Bongiovanni.

Si bien el modelo promete agilizar los procesos, también plantea algunos riesgos. Entre los aspectos negativos, el defensor mencionó la posibilidad de un uso excesivo de la desformalización y la discrecionalidad del Ministerio Público Fiscal para decidir qué casos perseguir. “Esto podría generar cierto malestar en la sociedad, especialmente en casos donde se espera una mayor rigurosidad”, advirtió.

La implementación del sistema acusatorio también trajo cambios organizativos en la Defensoría Pública de Tierra del Fuego. Bongiovanni explicó que Guillermo Garone fue designado como titular de la unidad de defensa penal acusatoria, mientras que él mismo asumió la responsabilidad de los casos no penales y de derechos humanos en toda la provincia. Asimismo, se designó un defensor especial para atender los casos que quedaron bajo el antiguo sistema antes del 2 de diciembre.

El sistema acusatorio abarca todos los delitos federales, como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, falsificación de billetes y aquellos relacionados con instituciones nacionales, como la Armada o el PAMI. También incluye delitos ocurridos en áreas como el Parque Nacional Tierra del Fuego.

Bongiovanni expresó su optimismo sobre los beneficios del sistema acusatorio. "Los plazos de los procesos se reducirán significativamente, pasando de años a meses, lo que beneficiará tanto a las víctimas como a los acusados", afirmó. Además, destacó que la modernización del sistema permitirá mayor cercanía y transparencia en la administración de justicia.

A pesar de los desafíos que implica este cambio, el defensor subrayó la importancia de que la ciudadanía conozca y participe en el funcionamiento del sistema judicial. “Es un avance necesario para garantizar una justicia más ágil, moderna y accesible para todos”, concluyó.

Con esta implementación, Tierra del Fuego se suma al esfuerzo nacional por modernizar y democratizar la justicia, marcando un antes y un después en el ámbito judicial de la región.