Un nuevo proyecto de ley busca modificar la Ley Provincial Nº 777 para crear el "Departamento de Estudios en Contexto de Privación de la Libertad", como parte del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego. Esta iniciativa se fundamenta en el derecho a la educación para todas las personas, incluyendo aquellas privadas de su libertad, y responde a la necesidad de garantizar su desarrollo integral a través de programas educativos adecuados.

El proyecto establece que el nuevo departamento tendrá como objetivo principal articular acciones con organismos del Estado Nacional y Provincial, así como con juzgados federales y provinciales, ONG, actores sociales y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego. De esta forma, se busca asegurar que las personas privadas de libertad tengan acceso pleno a la educación pública en todos sus niveles y modalidades, respetando los lineamientos establecidos en la Ley Nacional 24.660 y sus posteriores modificaciones.

En cuanto a los fundamentos legales, el proyecto se apoya en una sólida base de derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos instrumentos, incorporados con jerarquía constitucional, garantizan el acceso a la educación como un derecho inalienable para todas las personas, incluidas aquellas en contextos de encierro. A nivel nacional, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 también establece el derecho a la educación para personas privadas de su libertad, lo que refuerza la importancia de crear este departamento en Tierra del Fuego.

El nuevo Departamento de Estudios tendrá competencias específicas, tales como coordinar programas educativos, promover el acceso y permanencia en los distintos niveles de enseñanza y garantizar alternativas de educación no formal. Asimismo, se fomentará la creación de programas autogestivos y actividades culturales, recreativas y deportivas para los internos. La iniciativa también contempla la implementación de un sistema de educación a distancia gratuito, para facilitar el acceso a quienes se encuentren en contextos de encierro.

Otro aspecto destacado del proyecto es su impacto en la readaptación social de las personas privadas de libertad. A través de este departamento, se busca no solo garantizar el derecho a la educación, sino también promover la reintegración social de los internos, ofreciéndoles herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida y sus posibilidades de reinserción una vez cumplida su condena.

El proyecto también contempla la adecuación de la infraestructura educativa dentro de las unidades penitenciarias, lo que incluirá la creación de espacios de enseñanza y recursos educativos adaptados a las necesidades de los internos. Además, se busca involucrar a otras instituciones educativas, tanto provinciales como nacionales, para asegurar una oferta educativa variada y de calidad.

Finalmente, se estipula que la reglamentación de esta ley deberá ser realizada dentro de los 60 días posteriores a su promulgación, y que los recursos necesarios para su implementación se asignarán a través de partidas presupuestarias específicas. Con este proyecto, Tierra del Fuego se posiciona como una de las provincias que más impulsa el acceso a la educación en contextos de privación de la libertad, reforzando su compromiso con los derechos humanos y el desarrollo integral de todas las personas.