La Asociación de Funcionarios y Abogados para la Defensa de los Animales (Afada) y la Asociación de Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf) presentaron un nuevo pedido de medida cautelar ante la Justicia Federal de Ushuaia, solicitando que se “ordene” a la Legislatura y al Ejecutivo provincial, abstenerse de dictar leyes o medidas que intervengan con el proceso judicial donde se discute la erradicación de conejos en inmediaciones del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic).

La presentación judicial obedece a la reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente, llevada a cabo la semana pasada, donde se consensuó un documento por el que se define a los conejos como “especie exótica invasora” y se propone el control de la especie.

Algunos de los integrantes del Consejo se refirieron allí a la necesidad de enviar un proyecto de ley a Legislatura que sirviera para darle un aval normativo al manejo de estos animales.

Según Afada y Araf, esa circunstancia produciría una interferencia con la causa que se tramita en la Justicia Federal, donde el juez Federico Calvete dictó una medida cautelar prohibiéndole al Cadic la erradicación de conejos en inmediaciones de su edificio, a través de una fumigación con gas fosfina.

El juez también resolvió convocar a una audiencia en la que funcionarios del gobierno, el municipio y el Cadic deben ponerse de acuerdo en un plan alternativo, consistente en la captura de los conejos y la esterilización quirúrgica de los animales y su traslado a un predio especialmente acondicionado.

Con la nueva cautelar, las protectoras de animales pretenden que la Justicia impida el dictado y aplicación de normas que “tornen abstracto” el contenido de esa causa judicial, porque además consideran que ello implicaría una “violación de la independencia de poderes”. 

Según el texto de la demanda, al que accedió este medio, el juez debería ordenarle al Poder Ejecutivo y al Legislativo “abstenerse y cesar todo acto que pueda interferir en el procedimiento judicial, garantizando de esta manera la división de poderes y las cuestiones de hecho y derecho que se están planteado en el presente proceso”.

La cautelar busca “preservar, mientras se sustancia el proceso principal, la inalterabilidad de determinada situación de hecho o de derecho, y su finalidad consiste en impedir que mediante su alteración por las partes durante el curso del proceso, la sentencia se torne de cumplimiento imposible o el derecho que ella reconoce, ilusorio”, indica el escrito.

En ese contexto, considera que “existe una amenaza cierta, actual o inminente de violación de las garantías constitucionales consagradas, en caso de lograrse la sanción de una ley que daría al demandado (se refiere al Cadic) la herramienta para proceder al exterminio de los conejos”.

Según las organizaciones protectoras, una ley sobre el control de los conejos, en este contexto, “violentaría las garantías constitucionales al debido proceso en juicio”, el “derecho de los animales no humanos” y “la división de poderes”.

“Entendemos que hasta tanto no se solucione el conflicto, no se debe hacer nada por otra vía, sea esta administrativa, política, o de los otros dos poderes restantes, es decir, hasta tanto la presente controversia no se dirima, se deberá conservar el status quo en tanto al hecho como al derecho existentes al momento”, porque de lo contrario se estaría ante “una artimaña a los fines de convertir en abstracto el objeto del presente expediente”, concluye la presentación.

Desde el Cadic sostienen que las madrigueras construidas por los conejos ponen en riesgo la estructura del edificio, además de representar un “riesgo ambiental” para el ecosistema de la zona, aunque hasta el momento, esa posición no fue avalada por el accionar de la justicia.