El secretario de Finanzas Públicas de la Municipalidad de Río Grande, Diego López, se refirió por FM La Isla al proyecto de presupuesto presentado al Concejo Deliberante de la ciudad, y prevé ingresos por 55 mil millones de pesos, lo que significa un aumento del 117% con respecto al presupuesto 2023, menor a la inflación.

Dijo que “la primera etapa es la estimación de los recursos y, considerando los fondos de la coparticipación federal, la coparticipación provincial y los recursos municipales, alcanzan un total cercano a los 55 mil millones. El contexto económico es de incertidumbre. Hoy nos toca un presupuesto con dos problemas notorios, por un lado la alta inflación y por otro la incertidumbre financiera, ante este marco de escasez de divisas de la economía argentina”.

Recordó que “después de las PASO hubo una devaluación impuesta por el FMI del orden del 20%, que por una cuestión lógica se trasladó a precios y generó una inflación mensual del 12% en el mes de agosto. Esto profundizó la incertidumbre y la inestabilidad. El gobierno instrumentó medidas paliativas para compensar el proceso inflacionario, con dos medidas específicas, por un lado la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias y por otro la devolución del IVA para los bienes de primera necesidad. La reforma de Ganancias impacta directamente en los fondos coparticipables y esto termina acelerando una disminución de los fondos de coparticipación federal tanto para la provincia como para los municipios. También la devolución del IVA va a terminar generando un impacto negativo en términos de fondos coparticipables. La coparticipación federal se conforma principalmente por dos impuestos, el impuesto a las Ganancias y el IVA”, subrayó.

“Seguramente parte de los ingresos de los trabajadores que no estarán alcanzados por el impuesto a las Ganancias va a volcarse al consumo en el mercado interno y quizás de forma parcial se compense. La medida del IVA fomenta la bancarización y quizás eran consumos que no estaban registrados y no devengaban IVA. Habrá que ver cómo impactan y cómo evolucionan en lo inmediato y a futuro en la coparticipación federal”, sostuvo.

“Está la posibilidad de medidas compensatorias para esta limitante de recursos, como la posibilidad de incorporar el impuesto País. Esa es la coyuntura y hay que ver cómo se termina de consolidar”, señaló.

Sin garantías para el frigorífico

El secretario lamentó que la Legislatura no tratara el proyecto del frigorífico, que se financiará con un crédito del BID, por la imposibilidad de la provincia, según el ministro Zapata, de oficiar de garante en función de compromisos externos ya contraídos.

“En este escenario desde el municipio tenemos que propiciar el proceso de recuperación económica a nivel local. Claramente la obra pública es una herramienta que ayuda. Nosotros hemos dispuesto recursos municipales, financiamiento del gobierno nacional y financiamiento externo como lo que viene del BID, y financiamiento del FAMPF. El monto total para la obra pública asciende a 24 mil millones de pesos y es casi la mitad del presupuesto. La decisión política del intendente Martín Pérez marca el eje de las decisiones y el destino de los fondos, y la capacidad que ha tenido esta gestión ha permitido avanzar en la captación de fondos que nos permiten llevar adelante una gestión pública de alto nivel en la ciudad de Río Grande”, destacó.

Dado que se esperaba una resolución que aprobara el endeudamiento para el frigorífico con el BID, por intermedio de la provincia pero esto no ocurrió dijo que “lamentablemente ni siquiera hubo tratamiento de un proyecto tan importante en términos productivos para la ciudad de Río Grande y para la provincia. Hablamos de un crédito BID y el programa se conviene directamente con las provincias, por eso la necesidad de avanzar en primera instancia a través de la Legislatura. Una vez cumplida esa etapa, la deuda se trasladaría al municipio de Río Grande, que es el principal responsable de ese proyecto. La verdad que es un proyecto que está enmarcado en la política estratégica de soberanía alimentaria que viene desarrollando el municipio de Río Grande, que trae aparejado ventajas en términos productivos y en términos de consumo. Sería una limitante muy importante que ese proyecto no pueda avanzar y que no se pueda llevar adelante en la ciudad de Río Grande. Cuando uno analiza el proyecto, las condiciones crediticias que ofrece el BID son muy favorables, estamos hablando de un repago en 25 años con 6 años de gracia, a una tasa del 4% anual. Son condiciones más que favorables para llevar adelante un crédito de inversión productiva”, aseguró.

“Cuando uno habla de contraer endeudamiento es importante siempre clarificar hacia dónde se van a destinar esos fondos. Uno tiene dos tipos de endeudamiento, los que están destinados a financiar gastos corrientes y una vez que se gasta ese dinero uno tiene que generar los ingresos para hacer la devolución de esos fondos; y luego tenemos, como en este caso, un crédito destinado a un proyecto productivo que va a terminar generando en la economía local los recursos genuinos necesarios para poder afrontar la devolución de ese endeudamiento de forma íntegra. Es un proyecto que se termina de pagar solo y mejora la capacidad instalada tanto de la ciudad como de la provincia. El proyecto habilita la exportación y hasta generar un producto con mucho mayor valor agregado, también nos va a permitir una disminución de costos y ganar competitividad, por ende ganar mercado. Uno siempre escucha cómo hacemos desde el sector público para fomentar la ampliación de la matriz productiva y qué herramientas tiene el sector público para facilitar el desarrollo del sector privado. Claramente este es un crédito que está orientado en esa línea. Es un crédito que está en la cartera de Desarrollo Económico y uno espera que al menos se le dé tratamiento. Seguramente de acá a fin de año se pueda lograr la aprobación, por la importancia que tiene para la ciudad y la provincia”, confió.

Impacto de los cambios en la tarifaria

Por otra parte, se refirió al impacto de los cambios en la tarifaria que aprobó la Legislatura, que no tendrán un impacto directo en los municipios. “En el caso de las tasas, la principal que se modificó y tiene mayor impacto para el gobierno de la provincia es la tasa de verificación de la producción y es una tasa que no se coparticipa. Pueden impactar algunas modificaciones que se han hecho en Ingresos Brutos”, estimó.

Además consideró importante que se haya resuelto para 2024 “la prórroga de la suspensión del cobro del impuesto inmobiliario, que sigue perteneciendo a las arcas municipales”.

No obstante manifestó su desacuerdo con el artículo 25 del proyecto de presupuesto provincial. “Es un artículo muy polémico que elevó el gobierno de la provincia, porque establece un fondo de percepciones prioritarias que asciende a los 16.500 millones de pesos, que se va a deducir de la base imponible para la distribución primaria de la coparticipación provincial. Es decir que ese artículo establece una quita de fondos directa a los municipios, que estimamos que representa 3 mil millones de pesos para el ejercicio 2024. Es un número muy importante, porque hablamos del 5 ó 6% del presupuesto. Es un recorte dispuesto en forma unilateral a los municipios, que los desfinancia e imposibilita la ejecución de sus proyectos de gobierno. Todos sabemos que para llevar adelante cualquier plan de gestión son necesarios los recursos”, enfatizó.

“Esta deducción, en caso de que la apruebe la Legislatura, seguramente será discutida cuando se trate el proyecto. Obviamente vamos a hablar con el conjunto de los legisladores para evitar que esta quita se lleve adelante. Para ponerlo en números y según lo que tenemos estimado para 2024, estamos hablando de un tercio de lo que representa el plan de obras con financiamiento municipal. Tiene un impacto muy importante y obligará a adecuar la estructura. Eso lo único que termina generando son menos prestaciones para los vecinos de Río Grande”, señaló.

Actualización sin incrementos

También hizo referencia al incremento de los tributos del municipio y aclaró que se debe diferenciar el aumento de impuestos de la actualización impositiva. “Cuando uno habla de aumento de impuestos, se refiere a una modificación en la base imponible o en las alícuotas. Nosotros lo que estamos propiciando en este proyecto de presupuesto no es un aumento, porque no estamos modificando ni bases ni alícuotas, sino que solamente lo que establecemos es una actualización de los tributos en función de la evolución del nivel general de precios. Tenemos que avanzar en un proceso de actualización, porque estamos hablando de las tasas municipales y sabemos que cuando uno paga una tasa hay una contraprestación de un servicio que tiene que financiarse y que genera gastos. Esos gastos evolucionan en línea con la inflación y de alguna forma hay que financiarlos. La forma de financiarlos es a través de las tasas. Lo que propiciamos como en todos los ejercicios es una actualización de los tributos”, explicó.

En materia tributaria siempre avanzamos en los primeros cuatro meses con un plan de bonificaciones por pago adelantado. Hemos dispuesto en este proyecto de presupuesto una bonificación del 40% en la unidad fiscal. La unidad fiscal es la que marca gran parte de las tasas municipales. Para poder acompañar al conjunto de los vecinos, hemos establecido esta bonificación del 40%. Esto quiere decir que 40 de cada 100 pesos van a ser absorbidos por el sector público. Es la herramienta que tenemos en términos tributarios para poder ayudar los ingresos disponibles de los contribuyentes”, expuso.

Precios imparables

El secretario planteó como uno de los principales problemas la evolución de los precios. “En la economía argentina hay un estancamiento y lo que se proyecta para el ejercicio siguiente es una recuperación económica, sobre todo traccionada por el sector externo. En términos de empleo no hay grandes problemáticas pero tenemos un problema con la evolución de los precios. Hoy la inestabilidad de precios genera una coyuntura y una incertidumbre que se traslada hacia adelante e incide negativamente en las decisiones de los inversores y de los consumidores. Genera toda una distorsión en términos económicos y un achicamiento de la actividad. Hay pérdida del poder adquisitivo de las familias, que luego se traslada a menor consumo en el mercado interno. Otro elemento importante, que es una limitante para la economía argentina, es la escasez de divisas. Lamentablemente en 2023 vino por el lado de la sequía y por el endeudamiento abismal que tenemos con el FMI. Habrá que lograr a través de la actividad económica divisas genuinas que nos permitan resolver esta brecha que tanta distorsión trae aparejada”, planteó.

Demora en la coparticipación

Finalmente se lo consultó sobre la remisión de fondos coparticipables y diferenció “la merma de recursos coparticipables ante las medidas del IVA y de Ganancias, que afecta tanto al gobierno de la provincia como a los municipios de los tiempos de envío de los fondos que corresponden a las municipalidades. En el último tiempo habíamos logrado una cierta estabilidad en cuanto a la remisión de los fondos. Nos pone en alerta y nos preocupa en estos dos últimos meses, porque ha avanzando en una forma menos estable de lo que lo venía haciendo, llegando casi a los 30 días de atraso desde el momento en que ingresan los fondos a las arcas provinciales y luego se coparticipan a los municipios. Es un tema que también viene planteando el intendente Martín Pérez al gobernador y nos preocupa, por la limitante de recursos, que es para todos, y si a eso le adicionamos esta problemática, nos pone en una mucha peor situación”, concluyó.