En un comunicado reciente, la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat (IPVyH), Laura Montes, confirmó que las 120 viviendas construidas para afiliados de ATE mediante un fideicomiso no han sido abonadas hasta la fecha, por lo que se procederá a una actualización de los costos y se establecerá un nuevo acuerdo de pago para los adjudicatarios. Esta medida busca regularizar la situación de las viviendas, garantizando el acceso a una propiedad en condiciones justas y accesibles para las familias que aún no han formalizado el pago.

Montes explicó que la extinción del fideicomiso permitirá que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) asuma directamente la administración de los contratos, reemplazando al banco que anteriormente gestionaba el fideicomiso. “Estamos en un proceso de actualización de costos, que reflejará el valor actual de las viviendas, y comenzaremos a firmar nuevos acuerdos con los adjudicatarios para que puedan cancelar sus viviendas en plazos accesibles”, señaló.

El valor de las viviendas ha tenido un incremento considerable desde que se firmaron los primeros contratos. Montes detalló que en 2018, cuando se inició el proyecto, el costo de cada vivienda rondaba los 7,6 millones de pesos. Sin embargo, el valor actual ha superado los 71 millones de pesos debido a la inflación y otros factores económicos. “Sabemos que esta actualización es significativa, pero estamos comprometidos a establecer un esquema de pagos accesible para que las familias puedan cumplir con la cancelación de sus viviendas sin que esto sea una carga excesiva”, explicó.

El nuevo acuerdo de pago permitirá que los adjudicatarios puedan abonar sus viviendas en un plazo máximo de 30 años. Las cuotas, que se calcularán en función de los ingresos de cada familia, oscilarán entre los 160 mil y los 210 mil pesos mensuales, un monto que, según Montes, está muy por debajo del valor promedio de un alquiler en la actualidad. Además, el mecanismo de actualización de las cuotas también cambiará: en lugar de estar vinculado a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), las cuotas se ajustarán por el coeficiente de variación salarial, lo que brindará mayor previsibilidad y estabilidad a los adjudicatarios.

“Esta modalidad asegura que las familias puedan pagar en condiciones acordes a su capacidad económica, sin sorpresas que desestabilicen sus finanzas. Sabemos que la vivienda es un derecho fundamental, pero también implica la responsabilidad de cumplir con los pagos para que, eventualmente, cada adjudicatario pueda acceder a la propiedad plena de su hogar”, subrayó Montes.

La presidenta del IPV indicó que el proceso de extinción del fideicomiso ya está avanzado, con la mayoría de los acuerdos firmados. “Estamos en la última etapa, con algunas aclaraciones que debe realizar el municipio respecto de los lotes. Una vez resueltos estos detalles, el banco que administraba el fideicomiso entregará toda la documentación al IPV, y nosotros comenzaremos a trabajar directamente con los adjudicatarios para firmar los nuevos contratos de pago”, explicó.

Montes agregó que la prioridad es que las familias que ya están habitando las viviendas puedan comenzar a regularizar su situación lo antes posible. “Sabemos que algunas familias han estado viviendo en sus hogares sin abonar cuotas, pero esta situación debe corregirse. Es importante que entiendan que, si bien han tenido un período sin pagos, ahora es el momento de formalizar la propiedad y cumplir con las obligaciones financieras que esto conlleva”, dijo.

La funcionaria también destacó que el IPV brindará todo el apoyo necesario para que las familias comprendan los nuevos contratos y los términos de pago. “Vamos a estar en contacto directo con cada adjudicatario para explicarles los detalles del nuevo esquema de pagos, resolver dudas y asegurar que el proceso sea lo más claro y transparente posible”, aseguró Montes.

Montes enfatizó que, a pesar de la actualización de costos y la extinción del fideicomiso, se respetarán los derechos previamente adquiridos por los adjudicatarios. “El hecho de que el fideicomiso se extinga no altera los derechos que ya tienen las familias sobre sus viviendas. Lo que cambia es la forma en que se estructuran los pagos y la administración de los contratos, que ahora pasará a estar completamente bajo la gestión del IPV”, detalló.

A su vez, la presidenta del IPV remarcó la importancia de que las familias cumplan con su parte en este acuerdo. “Es fundamental que los adjudicatarios comprendan que la regularización de estas viviendas no solo es un derecho, sino también una responsabilidad. Cumplir con los pagos no solo garantiza la seguridad de su hogar, sino que también permite que el IPV continúe construyendo nuevas soluciones habitacionales para otras familias que lo necesitan”, concluyó.

Se espera que en las próximas semanas el IPV inicie el proceso formal de contacto con los adjudicatarios para firmar los nuevos contratos y comenzar con el cobro de las cuotas actualizadas, regularizando así la situación de las 120 viviendas de ATE.