A través del Decreto 1024/2024, el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, han dispuesto que los medicamentos de venta libre sean ofrecidos directamente en góndolas dentro de las farmacias. Esta decisión, orientada a facilitar el acceso a estos productos, ha generado un intenso debate debido a las posibles consecuencias para la salud pública.

El farmacéutico Bruno Moreno, titular de una reconocida farmacia en Río Grande, expresó su inquietud frente a la normativa. Según Moreno, el fácil acceso a analgésicos y antitérmicos sin supervisión profesional podría retrasar diagnósticos importantes. “La fiebre o el dolor suelen ser síntomas de enfermedades subyacentes que requieren atención médica. Tratar estos síntomas por cuenta propia puede poner en riesgo la salud”, alertó.

Uno de los puntos más cuestionados por los especialistas es la falta de control en la conservación de los medicamentos al ser tratados como simples productos comerciales. “El blister no está diseñado para soportar altas temperaturas o vapores tóxicos. Sin un almacenamiento adecuado, la efectividad del medicamento puede verse comprometida”, explicó Moreno.

El decreto establece medidas como la obligatoriedad de señalizar las góndolas y exigir que los productos sean adquiridos únicamente por mayores de 18 años con la presentación del DNI. No obstante, desde el sector farmacéutico consideran que estas regulaciones son insuficientes para evitar el riesgo de automedicación. “Esta medida contradice recomendaciones sanitarias internacionales y fomenta el uso inadecuado de medicamentos”, criticó Moreno.

Los farmacéuticos también subrayan el papel crucial que juega la intervención profesional en la dispensación de medicamentos. Moreno destacó que, tras la exclusividad de las farmacias en la venta de estos productos, las intoxicaciones infantiles disminuyeron en un 40%. “Este tipo de políticas públicas demuestran que la regulación estricta salva vidas”, afirmó.

Mientras el gobierno planea implementar la medida en un plazo de 60 días, la controversia está lejos de resolverse. Los expertos en salud insisten en que los medicamentos deben mantenerse bajo supervisión profesional, subrayando que su acceso no debe ser tratado como un simple trámite comercial.