La referente de la comunidad Selk’nam Antonela Guevara, relató por FM Del Pueblo la realidad que se está viviendo en la reserva cercana a la localidad de Tolhuin, con la tala ilegal de árboles que han devastado el bosque, sin que luego de años de denuncias el Estado haya tomado acciones concretas para poner un freno.

“Desde hace más de diez años venimos denunciando varios miembros de nuestra comunidad el desmanejo del bosque nativo dentro de la reserva. Hemos enviado una serie de notas en sede administrativa pero nunca se hizo nada en concreto. La autoridad de aplicación manifestaba que Rubén (Maldonado) no los dejaba ingresar a la reserva porque era propiedad privada, que nos rigen leyes especiales y no puede ingresar nadie. Llama la atención porque el bosque nativo es un recurso natural y un derecho colectivo que afecta a todos. Con ese criterio los miembros de la comunidad dentro del territorio ancestral podríamos vender droga, prostitución, porque no puede entrar nadie y esto no es así. Vivimos en sociedad, hay leyes que cumplir y un plan de manejo si se quiere sacar bosque”, dijo.

Mencionó que “entre 2006 y 2016 la comunidad tuvo un plan de manejo que arrojó muchísimas irregularidades en el informe técnico final. Tenemos la documentación de los expedientes que así lo dicen. Acá hay culpas compartidas de la comunidad por no haber hecho las cosas como las debía hacer, de los miembros de la comunidad por no involucrarse, porque esto genera un problema, y del Estado desde su responsabilidad de control. El plan de manejo finalizó y hay impuestos que pagar, tasas y multas que se deben y cosas inconclusas en ese informe. En 2016 la comunidad logró un acta acuerdo mediante asamblea con el gobierno de Bertone, y cada uno de los miembros de la comunidad que se inscribió tiene diez hectáreas para explotar de bosque nativo, con un plan de manejo y con la responsabilidad individual de cada integrante de la comunidad”, señaló del marco actual.

“Quien tiene sus diez hectáreas tiene la obligación de estar en el marco de la ley y cumplir con la normativa vigente. Cualquier miembro de la comunidad que incumpla es pasible de las sanciones que corresponden. Nosotros veíamos intervenciones desde el 2016 en la zona de Aguas Blancas en particular, en la zona de la ruta 23, y la gran pregunta que nos hacíamos era si estaba habilitado o no. Pedimos información al área de Desarrollo Forestal, que hoy es Ministerio de Producción, y fuimos identificando de a uno quiénes estaban. Se le pidió a la autoridad de aplicación que fiscalizara y realizara un relevamiento de lo que ya se estaba trabajando y ahí surgieron diversas irregularidades cometidas por los productores privados, autorizados por miembros de comunidad, y están las actas de infracción de la Dirección de Bosques, por lo que estamos esperando la resolución de esto”, reclamó.

“Yo tengo diez hectáreas y me marcan dónde debo cortar. Puedo cortar yo pero también en esta instancia se habilitó a privados que vinieran a colaborar en la actividad productiva, que tienen que estar declarados. Lo que pasó en los diez años de plan de manejo fue que había privados dentro de la reserva que no estaban identificados, no se sabía qué aserradero era, si era un productor forestal o no. En esta instancia se buscó hacer las cosas bien e identificar al privado porque, si no, el responsable es la comunidad, que ni siquiera tiene maquinarias, y no sabemos cómo hicieron para cortar más de 700 hectáreas dentro de la reserva. Esto demuestra claramente que hubo actividad privada dentro de la comunidad”, sostuvo.

“La gente que está interviniendo tiene que cumplir con el plan de manejo y rendir cuentas a la autoridad de aplicación, pero se detectó que algunos incumplieron con la marcación y la autoridad de aplicación hará las multas que corresponden contra los privados y contra los miembros de la comunidad que hayan incumplido”, apuntó.

Con “las manos en la masa”

Viendo la inacción del Estado, Guevara decidió tomar las riendas del asunto y en forma personal seguir a uno de los camiones. “Siempre dicen que hagamos la denuncia pero me cansé, hace unos días empezamos a seguir a un camión, vimos que bajó material, vimos que regresó a la zona de reserva, y ahí me comuniqué con el Ministerio de Producción y el área de Desarrollo Forestal para pedir su presencia de inmediato, porque iban a bajar con material en una zona no habilitada y era un corte ilegal. Era mismo camión que unos días atrás tuvo un accidente en la ruta nacional nro. 3 y volcó todo el material. Yo imaginé que el Estado hizo su trabajo, investigó de dónde provenía la madera, le pidió carnet de conducir al chofer, verificó que tuviera la RTO, el seguro del vehículo, pero no sé en qué quedó todo eso, porque encontramos ese mismo camión nuevamente en la reserva. Cuando llamamos acudió el área de Desarrollo Forestal, que también estaba inspeccionando en la Armada Argentina, porque hubo robo de madera ahí y se hizo la respectiva denuncia. Encontramos a tres personas trabajando que estaban por cargar nuevamente el camión y obviamente no se permitió, se identificó a las personas, se labró un acta de verificación, que no es una multa sino que inicia un expediente. En este caso yo pedí que se identificara a las personas y que interviniera el Ministerio de Trabajo, porque si esas personas tienen un accidente de trabajo y alguien muere en la reserva, también va a ser responsable la comunidad”, expuso.

Tierra de nadie

Precisó que “la ruta 27 de Aguas Blancas tiene 26 kilómetros exactamente. Ven un lugar que les gusta, ingresan y se llevan puesto todo lo que encuentran. Levantan todo lo que pueden y se retiran del lugar. Así hacen en todas las rutas complementarias que tiene la comunidad indígena. No somos nosotros los que estamos cortando de manera ilegal, sino que son privados que ingresan y se llevan el material. En este caso fueron identificados y los empleados dicen que trabajan para Sergio Ditler –ex Aserradero Guaraní- y el camión es de él. Como dato importante encontramos que dijo estar autorizado por Rubén Maldonado. Puede estar autorizado siempre y cuando Rubén Maldonado tenga diez hectáreas de monte, pero como no las tiene las vende de manera ilegal”, aseveró. “Inclusive el informe del plan de manejo anterior que estuvo vigente diez años dice que todos los cortes por fuera de ese plan de manejo se realizaron en cercanías de la casa de Rubén Maldonado. Nosotros lo venimos denunciando pero no pasaba nada y esta vez los agarramos con las manos en la masa. Llevamos quince años de denuncias y nadie hace nada. Entran por cualquier lado porque tienen maquinaria de gran porte y pueden ingresar por donde quieran. Han hecho un desastre en la ruta 23, en lo que se conoce como La Correntina, y el bosque está devastado. Uno espera que la autoridad de aplicación o alguien de la zona también lo denuncie, pero la gran mayoría se acostumbró a mirar para el costado cuando pasan estas cosas. Tienen miedo de que les prendan fuego la casa, o que les rompan la camioneta, porque juegan a generar temor en la gente con amenazas”, manifestó.

Daños, incendios y amenazas

Consultada acerca de si esos temores tienen fundamento, pidió que se revisen las noticias porque “hay casas quemadas dentro de la reserva, vehículos forestales y camionetas fundidas, a las que han prendido fuego, o les han tirado azúcar o arroz dentro de los motores. Nosotros venimos denunciando hechos delictivos de muchísima gravedad y violencia hacia miembros de la comunidad que iban manejando su auto. A mi hermana la interceptaron en medio de la calle en el pueblo, luego de una persecución de más de 50 cuadras y le rompieron el parabrisas del auto con un bate de béisbol. Todas estas denuncias están en sede judicial. Fueron identificados Rubén Maldonado y su hijo pero la policía no allanó la casa, no hizo nada. Hubo prohibición de acercamiento por un tiempo y ahí paró. El mismo día que estaba haciendo la denuncia le rompieron la tranquera, que está justo al lado del campo de la Armada Argentina y no se sabe si entraron a robar por ahí. Los daños son constantes y las denuncias también”, afirmó.

“Uno se pregunta cómo puede ser que nadie hace nada y la justicia no intervenga. Si hay un incendio, aparece el fiscal de oficio, y esto es como un incendio porque se perdieron la misma cantidad de hectáreas, pero nadie aparece. Maldonado ha sido consecuente y funcional a todos los sectores empresarios y privados, ajenos a la comunidad obviamente”, observó sobre los vínculos que le darían impunidad.

“Yo tuve que ir hasta la reserva a exponerme sola contra tres hombres que trabajan para Ditler. Estaba la gente de Bosques y estas personas son trabajadores, no me maltrataron ni nada, pero uno se expone ante personas de la comunidad que están cometiendo un delito, y los manda el jefe. Acá hay un hecho grave, el bosque nativo de la comunidad ha sido talado de manera constante e ilegal por privados, hay una circulación permanente de camiones con leña, con postes, y cualquiera que se pare en la ruta lo puede ver, porque todo el tiempo circulan camiones con madera”, reiteró.

“Cuando estábamos con ese camión de inmediato me comuniqué con el intendente de la localidad para que llame a la gente de tránsito, y el intendente me respondió que la jurisdicción es de la provincia y no podía ir tránsito municipal, porque es una ruta provincial. Llamé a tránsito de la provincia y pedí que dispusieran un vehículo, porque transitaban sin carnet de conducir, sin RTO, sin seguro del vehículo y además la camioneta tenía la caja de cambios rota, por lo que en cualquier momento podía generar un accidente. Estuve casi una hora y media llamando a tránsito y nadie apareció. Cualquier otro ciudadano que circula sin carnet se encuentra con una multa y le secuestran el vehículo, pero acá es tierra de nadie. Circulan por la ruta 27 y por la ruta 23 sin ningún tipo de habilitación”, cuestionó.

Respecto del rol de Gendarmería, dijo que “en algunos momentos del día está apostada Gendarmería entre la hostería Kaikén y la entrada de Tolhuin, porque hace sus controles, pero estos días dio la casualidad de que no estaban. Gendarmería tampoco tiene injerencia en una ruta provincial y solamente puede estar en la ruta nacional 3”, aclaró.

“Yo sé que Ditler tiene otra multa y le han quitado la posibilidad de trabajar por la habilitación que tiene como maderero, pero en la autoridad de aplicación hay un montón de actas de verificación que dicen que hay cortes de manera ilegal en la comunidad, y que no pueden ingresar porque es una propiedad privada. Realmente la ruta 27 de Aguas Blancas era maravillosa y como vecina no quiero seguir viendo cómo se destruye eso y dejar que suceda. Los miembros de la comunidad tienen la responsabilidad de hacer las cosas bien, cumplir la ley y hacerla cumplir si ven algo que está mal. Yo lo hice, por eso también denuncié ante el Ministerio de Trabajo, porque no sabemos si esos empleados trabajan en blanco con las medidas de seguridad. Son trabajadores y tienen que tener condiciones dignas, es decir que no se trata solamente del bosque sino también de personas que caminan por esa ruta complementaria a cualquier hora del día, con temperaturas bajo cero y sin ropa de trabajo adecuada”, expuso.

“Yo lo veo porque tengo mi casa ahí y todos los días me encuentro gente caminando y camiones encajados que no pueden salir. Nosotros estamos expuestos constantemente por denunciar. Yo hablé con la presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas porque parece que están esperando que suceda una desgracia para reaccionar. Nosotros venimos denunciando actos de corrupción desde hace más de diez años con un montón de miembros de la comunidad. Fuimos más de la mitad de los integrantes, porque esta persona (Maldonado) no nos representa. No nos dejan tener elecciones y la Secretaria de Pueblos Originarios no apareció ante todos estos hechos. Ahora Maldonado dijo en una radio que la que está cortando es la hermana de Antonela y eso es mentira. Hay que parar un poco, porque si mi familia cortó, fue dentro de la legalidad y como corresponde. Yo le dije a mi propia familia que, sea quien sea, los voy a denunciar”, indicó.

Hecha “cenizas”

Antonela Guevara finalizó exponiendo una grave amenaza personal recibida de Maldonado, cuando se le preguntó si tiene miedo de represalias por hacer público esto en los medios. “El día de la asamblea con la Ministra de Producción éramos unas treinta personas de la comunidad y había varios funcionarios. Rubén Maldonado se retiró gritando e insultando, y de mi parte no recibió ningún tipo de agresión ni falta de respeto. Le gritó a mi pareja que me cuidara bien ahora, porque después iba a tener que cuidar de mis cenizas en un frasquito. Las amenazas son constantes y sus propios familiares me han pedido llorando que no me involucre, porque él no tiene nada que perder y yo tengo a mis hijitos. En diez años nunca lo denuncié por agresiones a mi persona, siempre lo denuncié por cuestiones colectivas que tienen que ver con la comunidad, y por la entrega de 5.466 hectáreas al señor Paños. Gracias a dios cada día hay más documentación que me dice que la lucha por recuperar esas tierras es correcta. Ya se informó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos este reclamo que tenemos y se hizo reserva de caso. Me falta un año para recibirme de abogada y el primer juicio que voy a hacer será para recuperar esas 5.466 hectáreas que nos pertenecen, porque es territorio ancestral –adelantó-. El INAI hizo una mensura y pagó por la totalidad de nuestras tierras y Maldonado las entregó. Tenemos la documentación, está el expediente, y por primera vez desde el 2016 en adelante no se le entregó la marca de ganadería al señor Paños. Esa es otra prueba más de que no es propietario y está ocupando nuestras tierras. Rubén Maldonado lo autorizó pero va en contra de todas las leyes nacionales. A la Ministra de Producción se le pidió que en el plan integral comunitario sean incorporadas esas hectáreas porque nos pertenecen y la Ministra dijo que iba a tomar en consideración lo que estábamos pidiendo”, concluyó.