Luego de que el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, saliera a ampliar la información al respecto del concepto de canon de uso contemplado en la Ordenanza 509/19, acerca de las condiciones para acceder a un terreno fiscal sin mensura aprobada, estuvo en Ártika el abogado Daniel Merlo, quien hizo dos pedidos de juicio político contra el Jefe comunal de Tolhuin: “Hay 110 hectáreas que han sido adjudicadas de forma delictiva, en la justicia ya presentamos los nombres y apellidos de los involucrados. Han inventado una figura legal inexistente en la Ley territorial 236, porque Tolhuin no tiene carta orgánica justamente para que puedan robar”.

Harrington había comentado que el monto de canon de uso para un terreno de 450 m² es de aproximadamente $21.375, “que se pagan en cinco años (dividido en 60 cuotas de $356,25). A esto se agrega el impuesto inmobiliario por bimestre que correspondería a $345,50 y la tasa de servicios generales por bimestre que sería de $380”.

“El canon de uso es otro invento”, disparó por su parte el Dr. Merlo y agregó que “es una herramienta para blanquear la entrega de tierras fiscales, aprobada por el Concejo Deliberante que es cómplice de Harrington, que es quien la aplica, y quien se ha convertido en un pequeño Rey, es el poder en Tolhuin y hace lo que se le da la gana porque se lo permiten”.

La ordenanza 509 “salió cuando yo ya había denunciado la aprobación por parte del Concejo Deliberante para blanquear la entrega delictiva de las tierras fiscales, eso se transformó en el segundo pedido juicio político que hice, de los cuales a ninguno se le ha dado el seguimiento que corresponde porque estamos frente a un grupo de delincuentes que hace y deshace, en donde la justicia mira para otro lado y ni un fiscal es capaz de actuar de oficio, pero como ciudadano que ama a esta provincia que le da para vivir, yo si lo voy a hacer, para que nadie más se siga apropiando de lo que no le pertenece”, advirtió el letrado.

Asimismo, explicó que la Ley del Territorio rige las obligaciones en cuanto a las ordenanzas impositivas, una facultad que no es del Intendente. La Ley 236 está por encima de cualquier ordenanza, porque “existe en derecho una pirámide jurídica, que tiene en la punta a la Constitución nacional, luego las leyes nacionales, seguidas de las provinciales, luego las municipales, etcétera. Por eso nunca una de las últimas estará por encima de una Ley Territorial, que dice, también, en uno de sus artículos, que la venta de bienes de propiedad municipal deben ser hechos en subaste pública”.

“Acá hay una complicidad importante por parte del poder judicial, y cómo no habría de existir, si hay jueces que integran fideicomisos como el de Altos del Michi, cuestión que también se presentó a la Justicia y se dictaminó que no era delito”, criticó Merlo y agregó: “Al ser la entrega de tierras fiscales en reserva una figura inexistente, sabemos que alguien recibe plata por abajo de la mesa, porque los terrenos no se entregan de forma gratuita”.

Por último, el abogado afirmó: “Yo denuncié públicamente a veinte personas que serán las beneficiarias de esta estafa y ninguno me mandó una carta documento, porque saben que los contrademandaría y me haría millonario, porque si estos delincuentes me acusan de falsa denuncia, voy a presentar todas las pruebas que tengo mientras los jueces y los políticos miran para otro lado”.