Un grupo de familias que, desde el pasado 8 de enero, se encuentran ocupando ilegalmente un predio fiscal en el sector del barrio Río Pipo en Ushuaia, se presentó este martes en los Tribunales exigiendo dialogar con la jueza o la fiscal en torno a la orden que se les dictó para no permitirles el ingreso de víveres y agua potable.

En ese marco, Juan Barrientos, vocero de las familias que se encuentran acampando en el predio, manifestó que "es una exageración porque nos quieren hacer quedar a nosotros como violentos Hoy se cumplen 12 días de la toma, pero pareciera ser que al pobre, el que no tiene donde dormir o está desamparado no los escuchan. Tenemos familias que hoy están durmiendo en un camping, en una calesita, y los sectores que tendrían que hacer algo no hacen absolutamente nada".

Además, detalló las intensas situaciones que deben atravesar estas 36 familias "hay forcejeos de ellos para con nosotros, a mí me torcieron el brazo desde atrás y me quisieron esposar cuando no estábamos haciendo nada”

Por lo cual, remarcó que “vamos a ver si podemos llevar una charla con la jueza Barrionuevo o la fiscal López Vega, por esta orden judicial que tiraron ayer".

En esa línea, Barrientos hizo hincapié en la orden que les dictaron a las familias y señaló que "no puede entrar ni comida ni agua y tenemos niños, familias, personas con discapacidad, tenemos una beba de cinco meses dentro de la ocupación".

Por último, hizo hincapié en su postura ante esta ocupación ilegal y fundamentó que "esta drástica determinación que tomamos drástica la gente nos puede juzgar, si vamos al caso no tiene salida. El derecho a la vivienda está escrito en nuestra constitución nacional, el gobierno se tiene que hacer cargo de esto. Hoy los alquileres están por encima de cualquier salario". La vivienda es un derecho, tanto humano como del niño".