La afectación se vuelve especialmente alarmante para familias como la de Pazos, cuyo hijo padece encefalopatía hipóxico-isquémica con convulsiones. “Hemos sufrido estigmatización por utilizar y cultivar cannabis para tratamientos, recibiendo constantes cuestionamientos sobre el uso de una planta que, a pesar de estar penalizada, es vital para mejorar la calidad de vida”, comentó, rememorando los desafíos enfrentados en la lucha por desestigmatizar su uso terapéutico.
Según Pazos, los permisos del Reprocann no solo facilitan el acceso a la medicina, sino que también empoderan a las familias y comunidades, permitiéndoles producir su propio tratamiento o hacerlo de forma solidaria para terceros. Esta autonomía, según ella, atenta directamente contra el financiamiento de grupos involucrados en el narcotráfico y en la manipulación de políticas a través de grandes farmacéuticas.
La activista subrayó que, además de los 300.000 permisos Reprocann vigentes en todo el país, la cantidad de pacientes que utilizan cannabis terapéutico es aún mayor, muchos de ellos pertenecientes a colectivos de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. En este contexto, la medida de retirar estos derechos se percibe como un ataque directo a la salud y bienestar de innumerables familias.
Pazos también destacó el esfuerzo colectivo que ha impulsado a comunidades en Tierra del Fuego, mencionando la formación de la “Federación Cannábica Fueguina”, como una respuesta organizada ante políticas que amenacen sus derechos. “No vamos a permitir que nos quiten lo que ha devuelto la sonrisa y la esperanza a nuestros hijos. Estamos en pie de guerra y defenderemos nuestros derechos adquiridos”, concluyó con firmeza.
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