El legislador provincial Pablo Villegas alertó sobre el impacto negativo que genera el incumplimiento de pagos por parte de obras sociales, ARTs y particulares al Hospital Regional Ushuaia. En total, son 94 los entes que mantienen deudas por prestaciones ya brindadas, y según precisó, la situación complica gravemente el funcionamiento del sistema de salud público.

La lista está encabezada por la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), cuya deuda asciende a casi 2 mil millones de pesos. Le siguen otras entidades con montos millonarios: OSUTHGRA (gastronómicos) con $390 millones, la UOM con más de $333 millones, Unión Personal con cerca de $257 millones, PAMI con casi $179 millones, y IOSFA (fuerzas armadas) con una deuda superior a los $105 millones.

Desde la Legislatura, Villegas volvió a pedir el tratamiento del proyecto de ley N° 1004, presentado el año pasado, que propone generar intereses punitorios y moratorios sobre las deudas que superen los 180 días de atraso, además de facultar a los directores de los hospitales a iniciar acciones legales por la vía judicial.

“Hoy planteamos la necesidad de reconocer a los hospitales públicos la atribución legal de iniciar en la justicia el cobro de las deudas de obras sociales privadas. Esta es parte de la deuda que afecta el funcionamiento del sistema de salud público”, afirmó el legislador.

El representante del MPF remarcó que esta situación no solo frena la compra de insumos esenciales, sino que también limita la posibilidad de contratar nuevos profesionales de la salud. “El hospital de Ushuaia está atravesando un momento crítico”, expresó.

Además, Villegas explicó que la propuesta busca redistribuir los fondos recuperados para optimizar el rendimiento del sistema: mejorar las condiciones laborales, establecer incentivos salariales y garantizar la estabilidad de los equipos médicos en los hospitales de Ushuaia y Río Grande.

Finalmente, insistió en la necesidad de que la Legislatura acompañe esta iniciativa para revertir una situación que, a su entender, pone en riesgo el acceso a la salud pública en la provincia.