El Juzgado Correccional de Ushuaia emitió una resolución clave al declarar la inconstitucionalidad de las ordenanzas municipales N° 5283 y 6214, las cuales establecían la prohibición del uso de plataformas digitales de transporte que no contaran con la habilitación correspondiente por parte de la ciudad. Esta decisión judicial tiene un impacto significativo, ya que anula las sentencias previas emitidas por el Juzgado de Faltas en relación con los casos específicos que fueron abordados en esta resolución.

El fallo del Juzgado Correccional fue contundente en su pronunciamiento, señalando que las mencionadas ordenanzas son contrarias a la Constitución, lo que implica que las restricciones impuestas a las plataformas digitales de transporte, que operaban sin la autorización municipal, ya no tienen validez legal. En consecuencia, todas las sentencias que se habían dictado en base a estas ordenanzas quedaron sin efecto, lo que representa un cambio notable en la regulación del transporte en la ciudad.

El juzgado también estableció que las costas del proceso judicial serán asumidas por cada parte en función del carácter novedoso de la cuestión tratada, lo que subraya la relevancia y la complejidad del tema abordado.

Adicionalmente, se dispuso que una copia de esta resolución sea remitida a cada uno de los concejales de Ushuaia, así como al intendente de la ciudad, con el propósito de asegurar su conocimiento y cumplimiento en el ámbito administrativo y legislativo local. Esta medida tiene como objetivo garantizar que las autoridades municipales estén plenamente informadas de la inconstitucionalidad declarada y de sus implicaciones para la regulación del transporte.

Finalmente, el Juzgado Correccional ordenó que la sentencia sea protocolizada y notificada tanto a los letrados patrocinantes de las partes involucradas como al Ministerio Público Fiscal, asegurando de esta manera que todos los actores legales relevantes tengan acceso a la información y puedan tomar las medidas que consideren necesarias en el marco de esta nueva situación legal. Esta decisión podría sentar un precedente importante en la jurisprudencia local respecto al uso de plataformas digitales en el ámbito del transporte urbano.