Juzgado Nacional en lo Comercial 7, habilitó el concurso preventivo de la cadena de productos electrónicos y de electrodomésticos Garbarino. En el escrito de su titular, Fernando D’Alessandro, que lleva fecha del 22 de diciembre, se le prohíbe a su dueño, Carlos Rosales, la salida del país.

Rosales había comprado Garbarino a mediados de 2020. Según detalla El Cronista, en ese momento, la empresa, que le pertenecía a sus fundadores, los hermanos Daniel y Omar Garbarino, había cerrado la reestructuración de su deuda bancaria ($ 5000 millones) y, como parte de ese acuerdo, le urgía encontrar un socio que inyectara el capital de trabajo que necesitaba la compañía para recomponerse.

Rosales, titular del grupo asegurador Prof, aterrizó y su propuesta le ganó a los intereses de Inverlat, el fondo dueño de Havanna, y de Ricardo Depresbiteris, dueño de Covelia. El nuevo dueño asumió la cadena, que tenía más de 200 locales en todo el país, con promesas de inversiones de $ 2000 millones.

Esos fondos nunca llegaron. Antes, tuvo un par de tropiezos. Sus proveedores se negaron a aceptar la misma quita (entre 65% y 75%) de los $ 7000 millones que Garbarino les debía por productos. Acordaron un 35%.

El otro traspié fue el fracaso de Rosales en encontrar un nuevo socio que aportara fondos. El que más cerca estuvo fue Facundo Prado, dueño de la operadora de telecomunicaciones Supercanal Airlink. Pero esa negociación se extinguió en el invierno. En un intento desesperado, Rosales también habló de una “empresa norteamericana de comercio electrónico” (sic).

Para entonces, Garbarino ya estaba en situación crítica. Los locales cerraban, sin notificaciones a sus propios empleados, quienes acumulaban meses de sueldos sin cobrar. La empresa dejó de facturar por falta de producto, los fabricantes cortaron entregas, y porque, además, se quedó sin sistema por deudas con sus proveedores informáticos.

Los juzgados comerciales de todo el país recibieron una avalancha de pedidos de quiebra contra la empresa. Los más resonantes, Aerolíneas Argentinas, el Club Atlético Boca Juniors (al que se le debían $ 25 millones por un contrato de patronicio que firmó Rosales), IRSA y Cencosud. Los dos últimos exigían el desalojo de los espacios que Garbarino y su controlada Compumundo ocupaban (ocupan) en sus shoppings.

Los dueños de los locales del interior retuvieron mercadería como forma de pago. También los empleados de algunas sucursales, ante la falta de definiciones de la empresa. Según los delegados de las sucursales, para entonces, cerca de 1000 empleados ya habían optado por renunciar por la incertidumbre. En noviembre, la empresa, con todos sus locales ya cerrados, envió 1800 telegramas de despido.

Deuda y renuncia a San Lorenzo

Garbarino, hoy, reconoce una deuda cercana a los $ 800 millones en sueldos y superior a los $ 1500 millones en cargas sociales. A mediados de ese mes, solicitó la apertura de su concurso preventivo. El juez D’Alessandro lo habilitó ayer. Los acreedores tienen plazo hasta el 29 de abril para verificar sus créditos.

Tal como detalle El Cronista, al momento de entrar en concurso preventivo, Garbarino registraba en la Central de Deudores del Banco Central 3780 cheques rechazados por falta de fondos, por un total de $ 5762 millones. Al 21 de diciembre, ese monto ya se había abultado a 3818, por $ 5858 millones.

En esas mismas horas, Rosales le enviaba a la comisión directiva de San Lorenzo de Almagro su renuncia como tesorero del club. Alegó diferencias “irreconciliables” con el actual presidente de la institución, Horacio Arreseygor. Rosales ocupó ese cargo ocho meses. Antes, fue protesorero durante más de dos años, desde que Marcelo Tinelli ganó la presidencia azulgrana. El Ciclón, hoy, acumula 377 cheques rebotados, por $ 577,76 millones.