En horas de la mañana de este martes la conducción local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), brindó una conferencia de prensa para dar a conocer la instancia de apelación al fallo judicial del Juzgado Laboral, respecto de la presentación formulada por la firma IATEC contra el delegado Ángel Gordillo.

La comisión directiva encabezada por el secretario General, Oscar Martínez, anunció que apelará el fallo de la jueza (Edit Miriam Cristiano), tras hacerse lugar a la solicitud de la empresa del levantamiento de la tutela sindical para permitir el despido en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.

“Como organización volvemos a ratificar nuestro firme rechazo al fallo de la justicia federal y a las consecuencias que puede traer eso, porque está demostrado que prevé como única alternativa intentar frenar el desarrollo de la actividad gremial”, indicó Oscar Martínez.

“Producto de ello estamos acompañando cada una de las acciones que desarrolla la defensa; para lograr el objetivo de impedir que, a pesar del fallo de la justicia, la empresa pretenda avanzar en cualquier tipo de medida en consecuencia con el compañero”, añadió en ese sentido.

Por su parte, el representante legal del gremio, Miguel Ayunes, afirmó que se trata de “un fallo contrario a los intereses del trabajador”.

Ante esto, sostuvo: “Hemos interpuesto un recurso de apelación lo cual significa que iremos a una instancia superior ante la justicia provincial donde “va a intervenir una cámara de apelaciones (compuesto por tres jueces) para realizar el fallo en primera instancia”.

Sobre los motivos de dicho avance judicial, Ayunes afirmó, “para nosotros la sentencia es arbitraria respecto a la valoración de la prueba, donde entendemos que hay una incongruencia en las declaraciones brindadas por los testigos presentados por la empresa”.

Tratándose del personal jerárquico, “esto demuestra que hay una intencionalidad manifiesta y eso hace a la parcialidad de sus testimonios”, indicó.

A su vez, “las incongruencias que surgen de las propias testimoniales de uno y otro”, entre otras cuestiones planteadas respecto a, “las filmaciones que presentaron, que no se han realizado conforme a la cadena de custodia y la certificación de esas pruebas”.

“Se han presentado videos parcializados, no continuos. Eso también es motivo de la apelación por eso entendemos que la valoración de la prueba por parte del juez de primera instancia, no fue conforme a derecho”, analizó el abogado.

Bajo estas apreciaciones, “planteamos claramente dentro de la apelación, la violación absoluta de los derechos constitucionales del trabajador y a los principios del derecho laboral”.

Por último, Miguel Ayunes expreso, “tendremos que esperar los plazos dado que la cámara provincial no está integrada en su totalidad. Eso llevará un tiempo que depende exclusivamente de los plazos judiciales”.