El Tribunal de Cuentas de la Provincia resolvió un incremento salarial del 5,5% aplicable a los haberes básicos correspondientes al mes de marzo. Esta medida, formalizada el 14 de abril a través de la Resolución Plenaria 052/25, se suma al ajuste del 4,5% otorgado en febrero, en el marco de una política de actualización que busca compensar el deterioro del salario frente a la inflación.

Desde el organismo sostienen que la decisión responde al fuerte aumento del costo de vida y a los efectos de la devaluación, que, según indican, ha superado incluso los indicadores oficiales. En ese sentido, remarcaron que el objetivo es mitigar, en la medida de lo posible, la pérdida del poder adquisitivo del personal.

Con este nuevo ajuste, los salarios básicos sin adicionales quedaron establecidos en: $593.233,34 para la categoría inicial (cadete), $929.377,99 para la categoría A3 del cuerpo de auditores, y $1.558.281,88 para la categoría de secretario. Por encima de ese nivel se ubican las retribuciones de los Vocales, cuya cifra exacta no se publica, pero se estima —según datos de la Caja de Jubilaciones— que superaría los $11,5 millones mensuales.

Aumentos que no se trasladan al Ejecutivo

Cabe señalar que, en virtud de las disposiciones de la Ley de Presupuesto 2021, las escalas salariales del Tribunal de Cuentas impactan de manera directa en las remuneraciones de otras áreas de la administración pública, como el Escalafón Profesional Universitario y, por efecto del sistema de enganche, en los haberes de autoridades políticas como el Gobernador, la Vicegobernadora, Legisladores y funcionarios del gabinete.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió suspender la aplicación de dichos aumentos en el ámbito político. A través del Decreto 1020/25 —dictado el 4 de abril— el Gobernador ordenó frenar la actualización automática de los salarios de funcionarios y personal de gabinete, incluyendo los sueldos del propio mandatario provincial, ministros, secretarios de Estado y autoridades con cargos equivalentes.

La norma, que tiene vigencia general mientras no sea derogada, apunta a evitar que los incrementos definidos por el Tribunal de Cuentas se repliquen en el resto de la estructura política del Ejecutivo, en un contexto económico signado por restricciones fiscales y creciente presión social sobre el gasto público.