Un proyecto de ley fue presentado con el objetivo de eliminar los descuentos "forzosos" que los sindicatos realizan sobre el sueldo de los trabajadores. La iniciativa propone sustituir el artículo 9 de la Ley 23.551, estableciendo que las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores ni de organismos políticos, y que no podrán imponer aportes obligatorios a los empleados. Cualquier tipo de descuento del salario requerirá la autorización expresa del trabajador, la cual podrá ser revocada en cualquier momento sin requisitos adicionales.

El proyecto también define que el patrimonio de las asociaciones sindicales estará constituido por las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados, bienes adquiridos, donaciones, legados, aportes y otros recursos permitidos, así como por la venta de servicios que las asociaciones brinden a sus afiliados y a la comunidad en general.

El autor de la iniciativa subrayó la necesidad de eliminar todos los descuentos no autorizados expresamente por el trabajador, mencionando que actualmente los sindicatos retienen una parte considerable del sueldo por conceptos como cuotas "solidarias", seguros de sepelio, y cursos de capacitación. La propuesta busca garantizar que cualquier retención solo se realice con el consentimiento explícito del trabajador.