
La empresa Textil Río Grande ha oficializado el cierre de su planta en la ciudad, dejando en situación de incertidumbre a sus trabajadores. En una reciente audiencia vía Zoom, la empresa reiteró que no reabrirá sus puertas y ofreció a los empleados la opción de un retiro voluntario con una indemnización basada en los salarios de noviembre de 2023, excluyendo los recientes acuerdos paritarios, lo que representa un 60% de la indemnización que correspondería.
Diego Abreu, miembro de la Asociación Obrera Textil, expresó su preocupación durante una entrevista con La Mañana del Pueblo, señalando que solo queda la vía judicial para aquellos que no acepten el retiro voluntario. "Es lo único que ofrece la empresa. Si no aceptan, tendrán que judicializar la situación, lo que puede llevar años", afirmó.
De los 56 trabajadores que se presentaron en la planta el 1 de agosto, solo quedan entre 10 y 15, según Abreu, ya que muchos han optado por el retiro voluntario debido a la presión económica y el desgaste emocional. La situación se complica aún más debido a la negativa de la empresa de incluir los acuerdos salariales de FISA y AOT en la indemnización.
El Ministerio de Trabajo ha liberado a las partes, permitiendo que cada uno actúe según considere. Algunos trabajadores ya han decidido iniciar acciones legales, aunque son conscientes de que el proceso puede extenderse por varios años.
La situación de Textil Río Grande no es única; Abreu mencionó que situaciones similares han ocurrido en otras fábricas textiles de la región, donde la justicia ha embargado los activos de las empresas para garantizar el pago de las indemnizaciones.
Mientras tanto, la calidad de los productos fabricados en Tierra del Fuego sigue siendo reconocida, aunque la falta de ventas debido a la baja demanda interna ha llevado a la reducción de la producción y, finalmente, al cierre de la planta.
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