La decisión del gobierno de Javier Milei de no extender la moratoria previsional impactará directamente en una porción vulnerable de la población: unas 500 mil personas que ya tienen la edad para jubilarse quedarán excluidas del sistema este año. Esta medida representa un cambio sustancial en el acceso a las jubilaciones y genera preocupación entre quienes no lograron reunir los años de aportes necesarios.

Hasta ahora, la moratoria permitía completar los aportes faltantes para acceder a la jubilación a mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65. Sin embargo, con su vencimiento previsto para este domingo, el beneficio quedará sin efecto. Aquellos que no hayan iniciado el trámite antes del viernes deberán optar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación con condiciones más restrictivas y montos considerablemente más bajos.

Uno de los puntos más cuestionados por especialistas es que la PUAM no solo reduce el monto mensual que se percibe (equivale al 80% de una jubilación mínima), sino que además sube de hecho la edad jubilatoria para las mujeres a 65 años, ya que es el requisito mínimo de edad para acceder a esa pensión.

A modo de ejemplo, hoy una jubilación mínima es de $279.121,71, mientras que la PUAM otorga apenas $223.297,37. A esto se suma el bono de $70.000, que no ha sido actualizado en un año, pese a la inflación. Si se hubiese ajustado según la fórmula de movilidad previsional, el monto sería más del doble: alrededor de $148.000.

Pero la diferencia no se reduce al monto. Las personas que acceden a la PUAM no tienen derecho a pensión por fallecimiento para cónyuges o hijos, y no pueden trabajar en relación de dependencia, algo que sí está permitido con una jubilación tradicional. Además, existe una limitación para ausentarse del país por períodos prolongados: si se supera un tope de 90 días consecutivos o 180 días en el año, ANSES puede suspender o dar de baja la prestación, salvo excepciones justificadas.

Desde el punto de vista técnico, expertos consideran que esta decisión implica una reforma previsional encubierta, ya que modifica las condiciones de acceso a los derechos jubilatorios sin necesidad de debatir una ley en el Congreso.

Para acceder a la PUAM, es necesario cumplir con ciertos requisitos: tener 65 años o más, residir en el país (con una antigüedad mínima de 10 o 20 años según el caso), y no percibir ninguna jubilación ni pensión nacional, provincial o municipal. Incluso si se recibe una prestación incompatible, la persona debe renunciar a ella para iniciar el trámite.

El abogado previsional Christian D’Alessandro fue contundente al respecto: “La PUAM está pensada para personas pobres. Para acceder, hay que demostrar que no se cuenta con recursos económicos. Es un beneficio asistencial, no un derecho previsional”.

Así, mientras se mantienen los recortes en otras áreas, los futuros jubilados ven restringido su acceso a un ingreso digno luego de décadas de trabajo informal o discontinuo. El Estado deja de cubrir esas lagunas con mecanismos como la moratoria y traslada la carga a los ciudadanos, que deberán seguir trabajando, resignarse a cobrar menos, o quedar directamente fuera del sistema.