La Justicia de Ushuaia realizó tres allanamientos en relación con la causa judicial donde se investiga el llamado “escándalo de las viviendas futuras” de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y comenzó a cerrar el círculo sobre la conducción del gremio, según confirmaron a EDFM distintas fuentes allegadas al caso.

Los procedimientos judiciales fueron ordenados por el juez de instrucción Javier De Gamas Soler y tuvieron lugar el pasado viernes, aunque los detalles del operativo trascendieron recién ayer.

Efectivos de la División Delitos Complejos de la Policía Provincial ingresaron al interior de dos domicilios particulares y a la sede de ATE ubicada en la intersección de las calles Kuanip y Karukinká.

Sobre las medidas en las casas de particulares no trascendieron demasiados detalles, aunque sí que en uno de los casos se trata de una persona que habría puesto dinero para la adquisición de la vivienda en el complejo de ATE en Barrancas del Río Pipo (a pesar de no ser ni empleado público ni afiliado al gremio estatal) y al igual que las demás situaciones que se investigan, nunca habría recibido el inmueble.

Sin embargo, el allanamiento principal fue el que se realizó en la sede de ATE, donde la Justicia dispuso el secuestro de decenas de documentos y computadoras en los que puede haber registros de la presunta maniobra ilícita.

Al parecer, al comienzo de la causa, que se gestó por una denuncia del propio secretario general de ATE, Carlos Córdoba, los investigadores ya les habían requerido a las autoridades del sindicato que presentaran la documentación con que contaran.

Pero al recibir solo información parcial, el juez decidió allanar la sede sindical en busca de toda la prueba disponible.

Este dato es importante porque, si bien no se conocen pormenores, marcaría un giro en las actuaciones, y la convicción de los investigadores de cerrar el círculo sobre toda la cúpula gremial, y no solo sobre los dirigentes Miguel Arana y Daniel Belbey, mencionados en la denuncia original.

Las fuentes consultadas mencionaron que de las oficinas de ATE se llevaron cajas con documentación que ahora deberá ser clasificada y analizada para determinar el grado de relevancia que tenga para el expediente.

La Justicia intenta reconstruir la maniobra por la que directivos del principal gremio estatal de la provincia habrían vendido viviendas sociales del complejo Barrancas del Río Pipo a personas ajenas al sindicato.

El complejo habitacional de 128 unidades financiado con recursos nacionales y construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) estaba íntegramente destinado a afiliados a ATE que además cumplieran con los requisitos para acceder a una vivienda social.

Sin embargo, se sospecha que el gremio se “reservó” una cantidad de esas casas (se cree que 26 de las 128) para “comercializarlas” a terceros, con la expectativa de que esas personas (previo un pago de dinero) pudiesen ser incorporadas al listado de adjudicatarios que el gremio debía informar al IPV.

Al parecer, el organismo se negó a incluir a esos terceros y muchos de los que habían puesto sumas de hasta $700 u $800 mil o dado vehículos en parte de pago, comenzaron a reclamar y a considerarse víctimas de una estafa.

El caso se hizo público a partir de la denuncia penal que presentó el propio secretario general de ATE, Carlos Córdoba, señalando como supuestos responsables del fraude a dos directivos del gremio, (Arana y Belbey) que integraban la comisión de vivienda del sindicato y manejaban la operatoria con el IPV.

Tras la denuncia, Arana fue salvajemente golpeado el pasado 25 de mayo en la puerta de su domicilio, en la calle Tolhuin al 200, debieron hospitalizarlo, estuvo en coma varios días y hace poco fue dado de alta.

En tanto Belbey se suicidó ahorcándose en las tribunas de la cancha de fútbol exterior del Polideportivo Municipal, el pasado 1 de junio.

Arana debía ser indagado por la presunta estafa el pasado 21 de junio, pero el juez de De Gamas Soler, a cargo de la investigación, pospuso ese acto procesal sin una fecha definida.

Tampoco fueron indagados todavía los dos sospechosos de haber participado de la agresión a Arana frente a su domicilio, que estarían individualizados por una filmación, uno como el autor material del hecho, y el otro como supuesto partícipe, ya que se lo vería presenciando el ataque a poca distancia, pero sin intervenir en él.

Los damnificados y la inmobiliaria

EDFM publicó que con el transcurrir de los días fueron apareciendo otros damnificados de la estafa con las viviendas.

De las dos iniciales, la Justicia pasó a tener confirmación de nueve casos en total y no se descarta que aparezcan varios más.

Las circunstancias que cuentan estas personas no tienen muchas diferencias entre sí: dicen que les ofrecieron una vivienda en venta con la garantía de que recibirían el inmueble en Barrancas del Río Pipo, y que por ello entregaron dinero en efectivo y bienes en forma de pago. Cumplieron con su parte, pero la casa nunca les fue entregada.

El dato nuevo, que también confirmó este medio, es que de las declaraciones de testigos surge la intervención de una inmobiliaria que está siendo investigada judicialmente para determinar si estaba al tanto o no de la maniobra defraudatoria.

Fuente EDFM