El juez Sebastián Casanello envió a Caleta Olivia la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y el exministro de Defensa Oscar Aguad por haber ocultado la ubicación del submarino Ara San Juan luego de su hundimiento.

La denuncia fue realizada en su momento por la querella mayoritaria que representa la abogada Valeria Carreras, quien indicó que desde el 5 de diciembre de 2017 el gobierno macrista sabía dónde estaba la embarcación, es decir 20 días después de su desaparición.

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Desde esa fecha se mantuvo la reserva hasta que el 16 de noviembre de 2018 se informó oficialmente sobre lo que presuntamente se sabía. Por eso se pidió investigar el delito de "encubrimiento agravado" que recae sobre Macri y Aguad, según la querella.

De acuerdo al dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, el juez Sebastián Casanello consideró que el caso debe tramitar junto al expediente principal en el que se investigan responsabilidades en el plan de búsqueda, que se encuentra en la justicia federal de Caleta Olivia.

La abogada Carreras, en disconformidad con el dictamen dijo que el envío de la causa a Caleta Olivia es una “pirueta judicial” que lo “único que pretende es enviar a la lejana y lenta jurisdicción federal” de esa ciudad.

“Son tantos los elementos aportados en coincidencia con la confesión de López Mazzeo (el comandante que hizo la revelación ante la justicia), y es tan directa la responsabilidad del entonces presidente Macri y el Ministerio de Defensa, a través de comunicados mendaces, sumado a las dudas sobre el hallazgo, que hemos logrado sentar la duda razonable para que se investigue si se engaño a las familias y al pueblo argentino durante un año”, aseguró a Ámbito la abogada.

En febrero pasado, la propia jueza de Caleta Olivia Marta Yañez le informó al fiscal que allí no tramita ni tramitó causa alguna en la que se investigue el ocultamiento de la ubicación del submarino. Si en cambio admitió que fue desestimada una denuncia contra Macri, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

En la denuncia que se hizo en Comodoro Py se investiga el ocultamiento de la ubicación del Submarino ARA San Juan luego de su hundimiento. Se denunció que el Gobierno Argentino conocía la ubicación del ARA San Juan desde el 5 de diciembre de 2017, veinte días después de su desaparición -15/11/2017-, en orden a lo que surge de lo manifestado por el Contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo.

La revelación de López Mazzeo, fue confirmada ante la justicia ante quien dijo que el gobierno de Cambiemos Coalición Cívica conocía la ubicación exacta de los restos de la nave.

El dato surgió de un aporte hecho por el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile e incluso se requirió autorización para que Gran Bretaña provea el ROV (robot) para ingresar al cañadón del lecho marítimo.

El fiscal Marijuán remarcó que de lo informado por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, en el año 2017 se inició la causa que tiene por objeto de investigación determinar las responsabilidades penales en lo relativo a la implementación y puesta en marcha del Plan de Búsqueda y Rescate S.A.R, por su sigla en idioma inglés (Search and Rescue) del Submarino ARA San Juan (SUSJ) y sus 44 Tripulantes.

Asimismo, ese Juzgado interventor hizo saber que dichas actuaciones se encuentran en plena etapa de investigación

El fiscal destacó además que ese Juzgado Federal es “quien se encuentra investigando las causales de la desaparición y naufragio del mencionado submarino, entre otros hechos vinculados con este este suceso”.

“Así las cosas, las responsabilidades penales investigadas por el Juzgado Federal de Caleta Olivia en la causa n° 62903/2017, comprende también las vinculadas con el presunto ocultamiento de la ubicación del ARA San Juan aquí denunciado”, advirtió el fiscal.

Concluyó que “en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal” debe ser “un mismo Magistrado quien, en conocimiento de la totalidad de los hechos, prosiga con la instrucción, evitándose el dispendio jurisdiccional y la obstrucción en la tarea investigativa, dado que ambas pesquisas versan sobre un hecho, cuyo esclarecimiento interesa a toda la sociedad”.

Marijuán y de acuerdo Casanello, se inclinaron por decretar la incompetencia de la denuncia y proceder a la remisión para su acumulación con la causa que tramita en Caleta Olivia.