Los números son irrefutables: desde que el presidente Mauricio Macri emitió el decreto migratorio en los primeros días de este año para habilitar la expulsión de aquellos extranjeros que cometen delitos o tienen causas penales avanzadas en el país, la cantidad de inmigrantes deportados por la Argentina aumentó un 35% comparado con el 2016. Y la proyección para este año es que haya un incremento de expulsados del 70% respecto del año pasado.

Mientras a junio de 2016 había 113 extranjeros expulsados por haber cometido delitos o por tener condenas, en lo que va de este año esa cantidad se incrementó a 152 expulsiones. De la totalidad de los extranjeros en la mira de la justicia que había en el país, 32 fueron expulsados compulsivamente como lo prevé el decreto 70/2017 y el resto por tener un proceso de expulsión avanzado, en acuerdo de las partes de los extranjeros acusados de delitos y con condenas firmes.

Por otra parte, el Ejecutivo incrementó en un 22% el rechazo en puestos de frontera al ingreso de extranjeros con causas penales o antecedentes judiciales vinculados al delito. Así, en lo que va del año se prohibió el ingreso de 8.200 personas que tenían causas judiciales y querían ingresar al país por diferentes lugares de las fronteras.

Los datos surgen de un informe del gobierno que elaboró la Dirección de Migraciones y al que tuvo acceso Infobae. Allí se destaca que de la mayoría de los expulsados los que tenían condenas eran 52 y estaban acusados de tenencia de estupefacientes, 15 por robo agravado, 12 por homicidios agravado, 11 por abuso sexual y el resto por otros delitos. En tanto, la mayoría de los extranjeros expulsados eran paraguayos y le siguen ciudadanos de Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay, Chile y Alemania.

Por otra parte, el informe destaca que la mayoría tenían antecedentes penales por delitos de narcotráfico.

Según los datos comparativos en 2016, donde aún no regía el mencionado decreto, hubo 231 expulsiones. Pero hasta junio de ese año había 113. De esta manera, en la proyección lineal los funcionarios del gobierno evalúan que el numero de 2017 daría un incremento de alrededor del 70% respecto del 2016. Es que se sabe que se iniciaron más procedimientos de expulsión y ahora son más cortos los trámites. Así, se proyectan unas 400 expulsiones este año contra las 231 que hubo en la totalidad del año pasado.

Sustancialmente esto se debe a la instrumentación del decreto a través del cual el residente que hubiese sido condenado, en la Argentina o en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas, debe dejar el país.  Además, hay un trabajo muy aceitado que se está realizando entre la Dirección de Migraciones y los jueces federales para poner en marcha la norma.

Por otro lado, y según cifras oficiales, se estima que hay un 26% del universo de presos del Servicio Penitenciario Federal que son extranjeros. La intención del Gobierno es identificar además a aquellos que tienen condenas pero que por el fárrago legal siguen libres y se les podría expulsar de inmediato.

Los principales puntos del decreto 70/2017:

1- Si el residente que hubiese sido condenado, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto de delitos distintos a los enumerados en el inciso b) y que merezcan para la legislación argentina penas privativas de la libertad.

2- Aquellos extranjeros que con la finalidad de obtener un beneficio migratorio o la ciudadanía argentina se hubiese articulado un hecho o un acto simulado o éste hubiese sido celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiese presentado documentación material o ideológicamente falsa o adulterada o hubiese omitido informar sobre la existencia de antecedentes penales.

3- El residente que hubiese sido condenado, en la Argentina o en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.

En el Ejecutivo aseguran que no existe \"una persecución a extranjeros o inmigrantes\" sino que por el contrario, evalúan, se trata de un sistema para bajar la delincuencia y como contrapartida destacan que la Argentina es uno de los países de la región con mayor cantidad de habilitación de residencias para extranjeros. Según datos oficiales, entre 2016 y 2017 hubo 285.000 radicaciones aprobadas para extranjeros que quieren residir en el país.