En 2012, la paciente Gabriela Castellano sufrió un ACV. La misma tuvo secuelas permanentes. Las acusaciones de la víctima confirmaron que hubo dos instancias de consulta médica, en la que la misma reclamaba un “fuerte” dolor de cabeza.

El 7 y 9 de junio de 2012, la paciente fue asistida por el Dr. Raúl Rausch. Seguidamente, el día 10 del mismo mes visitó al Dr. Juan Carlos Montenegro Martinez por dicho dolor en el Sanatorio Fueguino. Los testigos de la víctima fueron familiares y personal laboral de las clínicas en el que dieron cuenta que la mujer presentaba dichas señales y signos que ella había manifestado a los doctores.

El Dr. Rausch, redactó en la historia clínica, que la paciente no presentaba dichos signos o sospechas de estar frente a un caso neurológico. Afirmando que la paciente jamás le manifestó dichos signos de dolor.

Por otra parte, el Dr. Montenegro Martinez confirmó haber solicitado una interconsulta neurológica, ya que confirmó que el no podía solicitar una tomografía porque no es parte de su especialidad ese tipo de estudio clínico. Finalmente, la paciente pudo realizarse la tomografía en donde se mostró un hematoma cerebral “sin hemorragia subaracnoidea” esto generó que tuviera que tener una intervención quirúrgica en donde se trabajó sobre un aneurisma.

La jueza determinó un principio de “in dubio pro reo” o beneficio de la duda por el lapso de producción de este cuadro 14 días antes y hasta horas antes de la tomografía. Es por esta razón que tanto la hipótesis acusatoria como la defensa tienen certeza. Asimismo, la Dra. Natalia Buitago, jueza encargada del caso, emitió una sentencia absolutoria.