En una entrevista en FM del Pueblo, la Jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, abordó el proceso de subrogancia que realiza en la ciudad de Ushuaia y Río Gallegos, a raíz de la ausencia temporal del juez Federico Calvete. Durante la conversación, Borruto aclaró los detalles del trámite judicial que involucra la asunción del reemplazo de Héctor "Tito" Stefani en el Congreso Nacional.

Borruto explicó que se ha comunicado con las autoridades de la Cámara de Diputados, solicitando que se posponga el juramento de quienes están en disputa por el escaño vacante, es decir, entre Dalila Nora y Ricardo Garramuño. "Queremos que el presidente de la Cámara esté al tanto de que existe una causa pendiente que debe ser resuelta", señaló la jueza, añadiendo que la intención es que el juez Calvete pueda decidir sin presiones externas.

La jueza también subrayó que la solicitud no es una orden judicial, sino una notificación para que se considere la posibilidad de esperar la resolución antes de proceder con el juramento. "Esto permitiría que el juez Calvete determine con tranquilidad, sin apresuramientos, quién debe asumir en la banca en reemplazo de Stefani", añadió.

El contexto se complica, ya que, según comentó la jueza, la convocatoria al juramento de Ricardo Garramuño estaba prevista para hoy. Sin embargo, la intervención de la justicia busca evitar una situación embarazosa en el Congreso en caso de que la decisión judicial final favorezca a otro candidato. “Si el Congreso toma juramento y luego el juez decide otra cosa, esto generaría un retroceso incómodo para el propio Congreso”, comentó Borruto.

Por último, Borruto aclaró que no emitirá opiniones personales sobre el tema y se limitó a remarcar la importancia de esperar una decisión judicial sin presiones. La jueza agradeció la atención y el interés de la audiencia sobre un tema tan relevante para la democracia y el proceso de toma de decisiones en el ámbito legislativo.

Este pedido de cautela refleja la importancia de un sistema judicial que opere con autonomía y sin interferencias, asegurando que los procesos de elección y designación se realicen en un marco de justicia y transparencia.