La Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande hizo un llamado a la solidaridad con Claudia Concha Ávila, quien permanece en prisión desde 2019 mientras espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La organización solicita que, debido a su delicado estado de salud, se le conceda la prisión domiciliaria hasta que se emita un fallo definitivo sobre su caso.

En un comunicado, la Multisectorial afirmó que “es fundamental garantizar un lugar adecuado para que Claudia reciba los cuidados necesarios mientras aguarda el pronunciamiento de la Corte Suprema”.

Concha Ávila fue condenada a prisión perpetua tras ser acusada del homicidio de su proxeneta, Gustavo Ponce, ocurrido en Ushuaia. Según el comunicado, esa noche el hombre habría violado reiteradamente una orden de restricción de acercamiento, pese a que Claudia había alertado a las autoridades en tres ocasiones sin obtener protección efectiva.

Víctima de trata y violencia sistemática

La Multisectorial destacó que el caso de Claudia no puede entenderse sin considerar su historia como víctima de trata. Proveniente de la provincia de Buenos Aires, fue engañada por su exmarido con falsas promesas de empleo en Tierra del Fuego y terminó siendo explotada en prostíbulos de la provincia, como el conocido caso del Red and White.

Durante el juicio que resultó en su condena, no se tomó en cuenta su condición de víctima ni su testimonio en el caso Candilejas, uno de los juicios más relevantes contra la trata de personas en la región.

Salud en deterioro y denuncias previas

El comunicado subraya el deterioro en la salud de Concha Ávila debido a su permanencia en la alcaidía femenina de Ushuaia, agravado por diversas patologías que no han recibido atención adecuada. También recuerda que, antes de los hechos que la llevaron a prisión, Claudia denunció amenazas y secuestros sin que las autoridades tomaran medidas para protegerla.

Organizaciones como la Red Alto al Tráfico y la Trata han insistido en la necesidad de reconocer su condición de víctima y garantizarle un tratamiento justo.

Un llamado a la acción

La Multisectorial convocó a organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales a sumarse al pedido de que Claudia sea tratada como víctima, no solo en el ámbito judicial, sino también en términos de acceso a condiciones humanas dignas mientras espera la resolución de su caso.

“Exigimos que se reconozca el daño que Claudia ha sufrido, muchas veces con la complicidad o la desidia del Estado, y que se tomen medidas inmediatas para garantizar su bienestar y su derecho a la justicia”, concluyó el comunicado.