La empresa fue denunciada en 2016 por ejecutar pagarés con valores hasta cinco veces superiores a las deudas contraídas y por cobrar intereses usurarios. La Justicia halló 560 supuestos damnificados, 33 de ellos se constituyeron como querellantes. Ahora buscan llegar a acuerdos económicos.

El caso de la financiera Credisur vinculada a los ex abogados del gremio docente (Sutef) Juan y Néstor Sánchez Otharán, comenzó a investigarse en 2016 a partir de las denuncias presentadas por dos mujeres que plantearon situaciones similares. Una gestionó un crédito de $15 mil y la otra uno de $20 mil. En ambos casos firmaron un pagaré en blanco que después la empresa llenó por $78 mil en un caso, y por $74 mil en el otro. Tras la difusión pública de la causa, aparecieron más denuncias.

Casi todos declararon que pidieron préstamos por un valor, firmaron pagarés en blanco y se los ejecutaron por sumas hasta cinco veces superiores a las adeudadas, además de que en la devolución de los créditos les impusieron intereses anuales de entre el 95 y el 1400%, según el criterio adoptado para calcularlos.

Ahora la Justicia penal de Ushuaia remitió al área de mediación la causa donde se investiga el presunto abuso de firma de pagarés en blanco y usura. La instancia fue abierta con el consentimiento de las defensas de los siete imputados, los querellantes y la fiscalía, como una forma de intentar llegar a un acuerdo económico que conforme a las 560 personas que, según determinó la justicia, habrían sido víctimas del accionar abusivo de la compañía.

La Justicia allanó las oficinas de la financiera, relevó los expedientes civiles de ejecución de pagarés (en Ushuaia y Río Grande) y convocó a los posibles damnificados a sede policial. Así se conformó el grupo de casi 600 personas alcanzadas por la supuesta estafa.

El desafío de la mediación es llegar a algún tipo de acuerdo con cada uno de esos damnificados, y luego proponer un resarcimiento general para el resto que sea aceptado por la fiscalía, explicó el abogado Jorge Pintos, representante legal de las querellas.

Aunque todavía no hubo ningún encuentro para mediar, fuentes allegadas al caso ya especulan que una de las posibilidades es que la financiera desista de los juicios ejecutivos por los pagarés o que acepte el pago de las deudas, pero sin el cálculo de intereses.

Lo cierto es que mientras el expediente permanezca en mediación, sigue paralizadas las indagatorias a los responsables de la sociedad Lian Group SRL, bajo la que funcionaba Credisur.

El año pasado, la Justicia Civil de Ushuaia rechazó planteos de la financiera y confirmó una multa de más de $7 millones ($5.124.000 más $2.049.600 de intereses) que le aplicó la Secretaría de Comercio de la provincia en agosto de 2016, por violaciones a la ley de defensa del consumidor.

Comercio intervino de oficio cuando se hicieron públicos los casos de presuntos fraudes y usura denunciados por decenas de clientes.

El área gubernamental dispuso la sanción tras llevar adelante un proceso administrativo, que incluyó el secuestro de legajos, contratos y acuerdos de préstamos entre Credisur y los clientes, en su mayoría empleados estatales.

La resolución firmada por el ex secretario Javier Calisaya, dictaminó que la financiera “infringió los artículos 4, 8 bis, 10, 36 y 37 de la Ley nacional 24.240, esto es, no suministró al consumidor de forma cierta, clara y detallada de sus servicios comerciales, los costos financieros y las tasas de interés; incurrió en prácticas abusivas y cometió irregularidades en la conformación de los documentos de compromiso de pago que firmaban los tomadores de créditos”.