El Dr. Carlos Alberto López, militante peronista y presidente del directorio de la SAPEM Laboratorios Fin del Mundo desde 2018, firmó en abril de 2020 un contrato de locación en el que se nombró a sí mismo Gerente General, además de su cargo como presidente, percibiendo así ambos salarios, en contravención a las normativas de la administración pública.

Tras dejar su cargo en marzo de 2020, López reclamó el pago de 4.875.000 pesos más intereses y costas, aduciendo que la sociedad debía cumplir con la totalidad de su contrato de cinco años. No obstante, el Juzgado Civil y Comercial 2 de Ushuaia, a cargo del juez Gustavo González, rechazó la demanda, declarando la nulidad absoluta del contrato por improcedente.

En su fallo, el juez determinó que la función de Gerente General, para la cual López se "autocontrató", no era congruente con el objeto social del laboratorio, y que las condiciones del contrato resultaban desproporcionadas y contrarias a los valores de mercado. Asimismo, se concluyó que la contratación no fue informada a la asamblea de accionistas.

Laboratorios Fin del Mundo calculó que López percibió indebidamente un total de 6.762.530,36 pesos. El fallo también ordena la realización de una pericia contable para establecer el monto exacto que debe ser restituido a la sociedad.