Kosé Bongiovanni, Defensor Federal de Ushuaia, evaluó el proyecto de ley presentado por el gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Este proyecto, que busca modificar el régimen penal juvenil completo, ha generado un intenso debate desde su presentación en el Congreso el 15 de julio.

Bongiovanni explicó que la modificación no solo se centra en la baja de la edad de imputabilidad, sino en un cambio integral del régimen penal juvenil. "La cuestión de la edad es lo que más preocupación suscita y lo más fácil de comprender. Pero es importante tener una opinión técnica basada en la experiencia," señaló.

La ley actual, vigente desde 1980, se creó en un contexto diferente, cuando la Constitución Nacional no incluía la Convención de los Derechos del Niño con rango constitucional y la mayoría de edad era de 21 años. "La realidad es que con la experiencia de lo que ha sido el régimen penal de la minoridad, la baja imputabilidad genera muchas dudas," afirmó Bongiovanni.

Argentina es uno de los países con la edad de imputabilidad más alta de la región, junto con Cuba. Bongiovanni destacó que el derecho penal no ha demostrado ser eficaz en la prevención del delito. "El derecho penal realmente no tiene una función ni ha demostrado ser para nada bueno en lo que es la prevención del delito," sostuvo.

El defensor federal también expresó preocupación por la capacidad del sistema penal para manejar un aumento en la población de menores imputados. "Si no tenés una capacidad para aplicar el derecho penal en el sentido de que no tenés buenas cárceles o un buen tratamiento penitenciario para mayores, es bastante dudoso que lo puedas tener para menores," advirtió.

Además, Bongiovanni subrayó que el sistema de criminalización tiende a seleccionar a los más pobres y vulnerables. "Las cárceles están llenas de pobres concretamente, no porque sean los únicos que cometen delitos, sino porque el sistema de criminalización no está demasiado capacitado," explicó.

La discusión no debería centrarse únicamente en la edad de imputabilidad, sino en cómo se estructura el sistema penal juvenil y qué asistencia se brinda a los menores. "La discusión que se debe dar no tiene que ver con la edad, sino qué hacemos con ese sistema penal juvenil, cuál es la asistencia que se les brinda, qué costo tiene eso, y si el país está preparado para afrontar ese tipo de gastos," indicó Bongiovanni.

El proyecto de ley también implica una responsabilidad para las provincias, ya que el régimen penal juvenil deberá ser implementado a nivel provincial. "Los sistemas de asistencia que prevé este régimen penal juvenil tienen que ser aplicados por las provincias también," agregó.

El especialista en derecho penal reconoció la diferencia entre la opinión pública y la perspectiva técnica. "La opinión pública en términos generales siempre está en contra del delincuente, y hay una sed de venganza o de mano dura. Pero la criminalización y la represión del delito no van a solucionar ese problema," enfatizó.

Bongiovanni también señaló la falta de establecimientos especializados para menores que recibirían penas privativas de libertad. "No hay un lugar donde mandarlo. Calculo yo que lo van a mandar a institutos de menores que existen hoy, donde conviven personas que no han cometido delitos," observó.

En cuanto al futuro del proyecto en el Congreso, Bongiovanni anticipa su aprobación. "Es un proyecto para un país con muchos mayores recursos que el nuestro. Yo creo que se va a aplicar y después se le tirará el problema a la justicia, que tampoco tiene los recursos para afrontarlo," concluyó.

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad sigue abierto, y se espera que continúe generando discusiones sobre cómo mejorar el sistema penal juvenil y las condiciones socioeconómicas que afectan a los menores en conflicto con la ley.