Ushuaia

El defensor oficial de Ushuaia Juan Carlos Assan, involucrado en dos causas penales por “estafa” y “exacciones ilegales” presentó su renuncia al cargo en las últimas horas y ya fue aceptada por el Superior Tribunal de Justicia, confirmaron ayer a EDFM fuentes judiciales.

Assan estaba suspendido de sus funciones en forma provisoria, y cobraba por ello el 50 % de su remuneración, desde febrero de este año, cuando lo procesaron por primera vez en el caso de las supuestas irregularidades en la adquisición de un terreno.

A su vez, fue indagado y se espera una resolución inminente en la causa donde se investiga si le cobró por sus servicios a uno de sus asistidos, mediante la compra de electrodomésticos.

En forma paralela, Assan estaba sujeto a un sumario administrativo y a un eventual análisis de su situación por parte del Consejo de la Magistratura.

Al aceptarse su renuncia, ambas instancias quedarán “abstractas” aunque el funcionario judicial deberán seguir respondiendo por sus responsabilidades en las causas penales, dijeron las fuentes consultadas.

El último pronunciamiento sobre la situación de Assan fue semanas atrás cuando la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la Provincia confirmó parcialmente su procesamiento en la causa donde se investiga una presunta estafa cometida en perjuicio de la empresa Euskal SA por la venta de un terreno en el barrio Los Cauquenes de Ushuaia.

Assan había sido procesado por la jueza María Cristina Barrionuevo en orden al delito de “estafas reiteradas” (por dos hechos) y “estafa procesal en grado de tentativa”.

Sin embargo, los camaristas Walter Tabarez Guerrero, Jorge Luis Jofré, y Francisco Justo De la Torre, resolvieron días atrás confirmar el procesamiento en torno a uno solo de los hechos y bajo la figura “tentativa de estafa”, mientras que lo sobreseyeron por el caso de la presunta estafa procesal.

El ahora ex defensor oficial también fue indagado en otra causa bajo la sospecha de haberle cobrado por sus servicios a uno de sus asistidos en un juicio oral y público, y de haberlo hecho exigiéndole la compra de electrodomésticos para su uso personal.

La denuncia fue presentada en junio por el propio jefe de defensores y defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Gustavo Ariznabarreta, quien tomó conocimiento del presunto delito tras entrevistarse con un ex funcionario que dice haberle pagado al funcionario judicial con un “horno eléctrico y un lavarropas”.

Assan prestó declaración indagatoria y se defendió aduciendo que a veces los defensores le prestan dinero a los asistidos y que, en este caso, se lo estaban devolviendo con los artículos en cuestión.