El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, Carlos Córdoba, finalmente no fue indagado ayer en el marco de la causa donde se investiga la venta, presuntamente defraudatorias, de viviendas a personas que no eran afiliadas al gremio.

Según informó su abogado ayer, el doctor Jorge Pintos, la audiencia para que Córdoba preste declaración indagatoria el próximo lunes. En principio la citación estaba prevista para ayer a las 10 de la mañana, pero debido a que ni Córdoba ni su defensor estaban en la provincia se solicitó la postergación.

En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, Pintos expresó que “Si bien la causa se retrasó un poco en su tramitación, tiene que ver con la complejidad de la misma” y explicó que debido a que él como su asistido no estaban en la provincia “la audiencia fue postergada para la semana que viene”.

Pintos dijo que el dirigente “está tranquilo porque era una situación previsible desde el mismo momento que se hizo la denuncia. Esta es la mejor manera de pedirle a una persona que exponga su versión de los hechos”.

“Se podría suponer que Carlos Córdoba podría tener conocimiento como máxima autoridad del sindicato y eso es lo que va a explicar, en qué contexto se dieron las cosas que pueden llevar a duda al Tribunal. Está tranquilo y dispuesto a brindar todas las explicaciones porque fue él quien hizo la denuncia cuando tuvo elementos que le permitían suponer que había algo serio”, dijo Pintos.

En tanto, explicó que el dirigente gremial “era como el jefe de Arana y Belbey y existiendo alguna duda sobre su rol, lo que corresponde es que le pregunten en el marco de indagatoria. Si él declarara como testigo, debe jurar decir todo lo que supiera, y si existe alguna cosa que puede comprometerlo, se viola el precepto constitucional de no declarar en contra de sí mismo. No se lo puede obligar bajo juramento a decir algo que puede complicarlo, entonces se debe hacer bajo declaración indagatoria”.

Un caso complejo

El caso de las viviendas futuras se hizo público a partir de la denuncia penal que presentó el propio secretario general de ATE, admitiendo una operatoria por la que directivos del principal gremio estatal de la provincia habrían vendido viviendas sociales del complejo Barrancas del Río Pipo a personas ajenas al sindicato.

El complejo habitacional de 128 unidades financiado con recursos nacionales y construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) estaba íntegramente destinado a afiliados a ATE que además cumplieran con los requisitos para acceder a una vivienda social.

Sin embargo, se sospecha que directivos del gremio se “reservaron” una cantidad de esas casas (se cree que 26 de las 128) para “comercializarlas” a terceros, con la expectativa de que esas personas (previo un pago de dinero) pudiesen ser incorporadas al listado de adjudicatarios que el gremio debía informar al IPV.

Al parecer, el organismo se negó a incluir a esos terceros y muchos de los que habían puesto sumas de hasta $700 u $800 mil o dado vehículos en parte de pago, comenzaron a reclamar y a considerarse víctimas de una estafa.

En su denuncia, Córdoba señaló como responsables a Miguel Arana y Daniel Belbey, que integraban la comisión de vivienda del sindicato y manejaban la operatoria con el IPV.

Tras la denuncia, Arana fue salvajemente golpeado el pasado 25 de mayo en la puerta de su domicilio, en la calle Tolhuin, debieron hospitalizarlo y estuvo en coma varios días.

En tanto Belbey se suicidó ahorcándose en las tribunas de la cancha de fútbol exterior del Polideportivo Municipal, el pasado 1 de junio.

Cabe señalar que la causa tiene 11 imputados y 17 damnificados que son los que deberán declarar en el marco de la causa.