La Justicia ya condenó en 2016 a tres personas en esta causa, pero en 2018 la Cámara Federal de Casación Penal decidió que debía realizarse un nuevo juicio para evaluar si corresponde la aplicación de penas mayores a los imputados.

Hasta el momento, Pedro Montoya, dueño del prostíbulo Sheik de la ciudad de Ushuaia, recibió una condena de 7 años de prisión, mientras que Ivana García, pareja de Montoya, y Lucy Alberca Campos, la encargada del local, fueron sentenciadas a 3 años de prisión

en suspenso.

Según Casación, los jueces de 2016 no consideraron, en el caso de Montoya, su participación en una organización delictiva de tres o más personas, y en el caso de García y Alberca Campos, que no fueron partícipes secundarias, sino coautoras del delito de trata.

Además, el pronunciamiento pidió revisar la indemnización económica dispuesta en favor de Kinan (de la que debe hacerse cargo el Municipio de Ushuaia como organismo habilitante del cabaret) al considerar que los $780 mil dispuestos durante el proceso se basan en un período de explotación de la víctima de dos semanas, cuando en realidad fue de dos años.

Kinán fue una de las siete mujeres rescatadas del prostíbulo Sheik en octubre 2012 que, luego de aceptarse como víctima del delito de trata, se animó a ser querellante contra sus explotadores.

Con el tiempo se convirtió en una conocida activista contra la trata y la prostitución, creó una fundación y recibió reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Las audiencias del segundo juicio comenzaron hoy pasadas las 16, con un nuevo tribunal conformado por los jueces Guillermo Quadrini, Mario Reynaldi y Alejandro Ruggero.

Por constituir, en esencia, una reiteración del proceso realizado hace cuatro años, esta vez no volverán a declarar las víctimas y se incorporarán por lectura los dichos de testigos e imputados.

Lo mismo sucederá con todo el cuadro probatorio derivado de las tareas investigativas llevadas adelante por personal de Gendarmería Nacional, los allanamientos (al prostíbulo y la vivienda de los acusados) y la documentación aportada por el Municipio en relación a las

libretas sanitarias exigidas a las mujeres para trabajar en el local.

También se valorarán evidencias como los informes sobre las víctimas realizados por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, además de las actuaciones de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Durante la audiencia de hoy declaró Alberca Campos y un pastor evangélico que la visita asiduamente en la cárcel donde está presa debido a otro proceso por narcotráfico y trata de personas, informaron a Télam fuentes judiciales.

El juicio, que está pautado para extenderse hasta el viernes 21, es cerrado al público y a la prensa debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus. (Télam)