“El balance es positivo, como lo venimos diciendo, es el momento más importante en cuanto a comenzar el proceso de investigación en esta causa, que lleva ya once años abierta”, dijo Ernesto Alonso, titular del CECIM, refiriéndose a la causa que investiga torturas y vejámenes contra soldados argentinos, a manos de oficiales y suboficiales de la propia tropa; durante la guerra de Malvinas.

La visita de Alonso y del abogado Jerónimo Guerrero Iraola a la provincia, estuvo relacionada con una serie de diligencias para acompañar el reciente pedido de detención para 26 militares, que impulsó el Fiscal Marcelo Rapoport. El representante del CECIM (Centro de Veteranos de Guerra de La Plata) contó que tuvieron “una conversación con el Fiscal Rapoport, donde le transmitimos que como querellantes presentamos un escrito en el mismo sentido del pedido de prisión indagatoria para estos 26 militares que participaron en el conflicto de Malvinas en el Regimiento 5 de Paso de los Libres”.

Dijo que estiman “de acuerdo a la conversación que tuvimos este martes con el Dr (Federico) Calvete en Ushuaia, este momento es la oportunidad para que aparezca este proceso de investigación, por supuesto a partir de la indagatoria”, aclaró. Indicando que “por supuesto el juez tendrá sus plazos, sus cuestiones que tiene que terminar de formular; pero no hay muchas más posibilidades que la de llamar a esta indagatoria”, estimó Alonso.

Aseguró que después de las reuniones que mantuvieron con el juez y el fiscal, con funcionarios de la Municipalidad de Río Grande, con integrantes del Observatorio Cuestión Malvinas y otros sectores; se van de Tierra del Fuego “muy contentos y siempre con el agradecimiento por el acompañamiento que hemos tenido de los compañeros de la UOM, también en esta oportunidad tuvimos reuniones con funcionarios de la Municipalidad de Río Grande, que nos han acompañado y se han solidarizado también con este reclamo de Memoria, Verdad y Justicia”.

Alonso señaló que entienden que la postura que tiene el Gobierno nacional de acercamiento a Gran Bretaña no debería afectar la marcha de la causa, mencionando que “por eso se presentó la denuncia en este Juzgado, que tiene jurisdicción en las Islas Malvinas. También hay que decir que llegamos a esto por la presión que ejercimos en el Juzgado, en la Fiscalía y por la presión que el pueblo de la provincia de Tierra del Fuego ha tenido”.

Admitiendo después que “hay un retroceso, un viraje absoluto en cuanto a la defensa de los intereses soberanos. La soberanía está en riesgo, eso también en las distintas conversaciones que tuvimos con personas que integran el Observatorio Malvinas, con funcionarios de la Municipalidad de Río Grande; les transmitimos nuestra preocupación porque también nuestra organización –el CECIM La Plata- trabaja en la defensa de la soberanía”, afirmó.

Para manifestar luego su “preocupación por el acuerdo firmado el 13 de  septiembre de 2016, conocido como acuerdo Foradori – Duncan; donde el Gobierno nacional está promoviendo el desarrollo económico de las Islas Malvinas. Por ejemplo, las dos cancillerías han promovido el mejoramiento de los vuelos para Malvinas, mientras en Río Grande estamos viendo el padecimiento de los trabajadores con 800 puestos menos por las políticas del Gobierno nacional de permitir el ingreso de mercancías que acá se pueden producir, sin ningún tipo de controles y en detrimento de los intereses del pueblo argentino”, sentenció. Comentando también el inicio de “una campaña, para que el Congreso Nacional rechace el acuerdo Foradori – Duncan”.

Finalmente, sobre la continuidad de la causa, mencionó que ahora seguirán “trabajando en la investigación, como querellantes, y ahora vamos a esperar cuál es la decisión que toma el juez, que esperamos sea en un plazo perentorio”, concluyó.