El procedimiento se realizó el viernes por orden del juez De Gamas Soler, pero recién se conoció esta semana, y abarcó dos domicilios particulares y la oficina del sindicato en Ushuaia. Si bien la causa se originó por la denuncia del secretario general Carlos Córdoba, la justicia ahora estaría investigando la responsabilidad que le cabe a la dirigencia.

Uno de los domicilios particulares allanados, según publica El Diario del Fin del Mundo, correspondería a una persona que habría puesto dinero para ingresar al listado de adjudicatarios de viviendas, y que no es ni empleado público ni afiliado al sindicato; en tanto de la sede sindical se secuestraron \"documentos y computadoras en los que puede haber registros de la presunta maniobra ilícita\", señala el diario, que además aporta información no confirmada todavía, sobre una maniobra de reserva de un cupo de las 128 viviendas para este tipo de adjudicación irregular a terceros, que no lograron sortear el filtro del IPV.

Cabe recordar que Arana, a cargo del área de viviendas en el gremio, fue salvajemente golpeado el pasado 25 de mayo en la puerta de su domicilio, al punto de permanecer en coma varios días, en tanto Belbey apareció ahorcado en el Polideportivo Municipal el 1 de junio.

En diálogo con Radio Provincia, el jubilado de ATE Daniel Moreno deslizó sospechas sobre otros dirigentes, luego de ser quien dio el primer paso con una denuncia ante la Fiscalía de Estado, que no prosperó.

Indicó que esa denuncia partió de los testimonios de los afiliados que veían en el listado personas que no eran del gremio y, ante los pedidos de explicaciones a los dirigentes, \"los echaban\", aseguró.

\"En el centro de jubilados recibimos a unos cuantos compañeros de ATE que nos indicaban que había gente en los listados que no eran afiliados. No lo podíamos corroborar porque no teníamos acceso a los listados de ATE ni a los del IPV, entonces pedimos la investigación por parte de la Fiscalía de Estado\", explicó.

\"La Fiscalía dijo que estaba todo en regla y suponemos que analizaron la actuación del IPV y no vieron ningún problema administrativo, pero sabíamos que estas denuncias eran ciertas y, con la limpieza de los listados, era cuestión de tiempo que se supiera y que la gente se animara a hacer la denuncia, porque había entregado dinero\", dijo.

\"Seguramente no cualquiera va a comprar un terreno o una vivienda si no corresponde, porque todos sabían que eran viviendas para afiliados a ATE y no podían tener acceso. Por la información que tenemos, muchos hicieron entrega de dinero en mano, sin cheque, sin recibo, nada, y es difícil que puedan demostrar que lo compraron\", manifestó.

\"Nosotros fuimos la voz de los compañeros que no encontraron respuesta en el gremio, porque pedían explicaciones y los echaban\", disparó, y mencionó la reacción que debió tolerar luego de su denuncia: \"Me han denostado por Facebook y por todos los medios que pudieron, a mí, a mi familia y a todos los que hicimos la denuncia. Me llamaron por teléfono y me reputearon día y noche por aquel pedido de investigación. Hoy se está comprobando que era cierto\", sentenció.

Apuntó que \"en el IPV, por información que tengo, llamaron a ATE y les hicieron cambiar el listado\", dando cuenta del control interno del organismo ante la inclusión de personas que no eran afiliadas al gremio ni empleados públicos.

\"Yo me enteré de esto y la contestación de la Fiscalía fue que no había irregularidades, porque el IPV controló, a lo mejor tarde, y cuando hizo ese control fue cuando se generó este sinnúmero de problemas que terminó en la justicia\", sostuvo.

Además, dio cuenta del intento del gremio de subsanar la irregularidad con una afiliación posterior de algunas personas, que también será motivo de análisis de la justicia a la hora de atribuir responsabilidades: \"La condición sine qua non era ser afiliado a ATE a la fecha de la inscripción, porque sé que intentaron afiliar a algunos posteriormente, en algunos casos puede haber pasado, pero en otros no porque no eran empleados públicos. Estas cuestiones se tendrán que analizar muy bien administrativamente\", subrayó.

\"Evidentemente alguien tuvo un acceso desmedido a la administración del listado. Si no, no se podría haber producido esto\", observó, y no descartó que el secretariado estuviera al tanto. \"Me da qué pensar, porque yo hice la denuncia hace un mes y medio, y me salieron a putear diciendo que no era cierto. Por lo menos debieron investigarlo. Algo se sabía\", arriesgó.

Consultado sobre la desmentida del Dr. Jorge Pintos sobre toda responsabilidad de Carlos Córdoba, Moreno recordó que \"es el abogado y obviamente es lo que va a responder. Si mal no recuerdo, todas las notas debían ir con su firma y la del secretario administrativo, por lo tanto todos deberían conocer los listados. No es que cualquier dirigente va, se dispara solo y lo lleva. Ese listado tenía que ir con la firma del secretario general y el administrativo, y el IPV también debe corroborar quién firma eso. Esperaremos a ver lo que ocurre\", concluyó.

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