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Judiciales

Glisud: indagaron al presidente de la empresa en la causa por lavado de dinero

 

El presidente de la empresa Glisud SA, que operó durante el manfredottismo para quedarse con propiedades del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, fue indagado por la Justicia el lunes en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a directivos de esa firma y a un empresario uruguayo.

 

Enrique Pinto debía presentarse ayer ante el juez de instrucción Javier De Gamas Soler, luego de varias postergaciones anteriores, la última debido a un cuadro de estrés, según manifestaron sus abogados.

 

Sin embargo, Pinto acudió a tribunales un día antes de la citación formal y pidió declarar en esa jornada, lo que fue aceptado por el magistrado interviniente, informaron fuentes judiciales.

 

De todos modos, el directivo de la empresa fantasma que supo tener como sede un prostíbulo de Buenos Aires, no aceptó contestar preguntas ni del juez ni de los fiscales actuantes, haciendo uso del derecho que le asiste.

 

En cambio, presentó un escrito y documentación que ahora será analizada por los investigadores para determinar si mejoran su situación en los hechos que se ventilan, señalaron las fuentes.

 

La causa investiga el origen de casi $300 mil pesos de la época, con que Glisud adquirió títulos públicos y después ofertó y ganó los derechos sobre tres créditos con garantía hipotecaria, a través de un concurso público realizado por el Fondo Residual del BTF a fines de 2002.

 

La empresa alega que consiguió el dinero mediante un crédito de mutuo en Uruguay, aunque esa maniobra está plagada de sospechas y el dueño de la firma que habría prestado los fondos es un conocido fabricante de compañías fantasmas, Néstor Gustavo Cardozo García, quien también será indagado por el presunto lavado de activos.

 

Las dilaciones en el expediente, que ya lleva más de diez años de sustanciación, son una constante. Por ejemplo las indagatorias se iban a realizar, primero, en agosto del año pasado, pero el acto se suspendió debido a recursos de apelación que estaban pendientes y porque se decidió aguardar la realización del juicio por la llamada “causa principal de Glisud”, que de todos modos también se pospuso debido a planteos de las defensas de los acusados que están pendientes de resolución ante el Superior Tribunal de Justicia.

 

Pinto iba a declarar el 26 de abril de este año y debido a su “cuadro de estrés” la Justicia le suspendió la audiencia para esta oportunidad en la que finalmente se presentó.

Otro de los involucrados en el caso que viene posponiendo su indagatoria es el ex vicegobernador Daniel Gallo, vinculado a Glisud porque Pinto fue empleado de planta política durante toda la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti y luego fue colaborador suyo durante los cuatro años que se desempeñó como diputado nacional.

 

Además, Gallo contrató a Graciela D´adamo, ex apoderada de Glisud, cuando era presidente de la Legislatura y luego cuando fue diputado mediante un contrato del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

 

El ex vicegobernador tenía como nueva fecha de indagatoria el 10 de mayo, pero no declaró a raíz de un problema de agenda manifestado por su abogado defensor, el ex camarista provincial Luis Felipe Ricca, quien renunció al cargo en medio de un escándalo por sus vínculos con la mafia brasileña.

Aunque Gallo estaba dispuesto a declarar ese día (incluso había viajado a Ushuaia) su abogado expuso que la declaración se le superponía con otras obligaciones laborales y solicitó la postergación de la audiencia, que ahora fue fijada para el 30 de mayo.

 

De esta forma, la única persona que fue indagada en el marco del mismo expediente por presunto “lavado de activos” es D´adamo, quien declaró el 3 de mayo.

 

D´adamo prestó una declaración “muy breve” en la que negó cualquier vínculo con una maniobra de lavado de activos y afirmó que cumplió tareas para la compañía “hasta el año 2010” y que luego solo realizó algunos asesoramientos, según indicaron las fuentes consultadas.

 

El caso del uruguayo Cardozo García es distinto porque aún se aguardan las comunicaciones internacionales para notificarlo de la citación a declarar en la provincia, y todavía no se sabe ni cuándo ni cómo podría comparecer en esta causa.

 

 

 

 

Fuente EDFM

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