El juez Ernesto Löffler, quien fuera designado como nuevo vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia a través de un proceso de selección maratónico y poco transparente efectuado por el Consejo de la Magistratura en plena pandemia, asumirá finalmente su cargo, tras ser avalado por 1440 profesionales del Derecho en una consulta ciudadana impulsada por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

Mediante Decreto 574/21 fechado el 19 de marzo pasado y publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobernador Gustavo Melella, ratificó el procedimiento de consulta ciudadana establecido por ese ministerio el 19 de febrero de 2021 y designó al Dr. Ernesto Adrián Löffler, como integrante del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.

Cabe recordar que tras el proceso de selección del Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, estableció un mecanismo de difusión, acceso a los antecedentes del candidato y recepción de las presentaciones de quienes quisieran participar, adaptado a la situación sanitaria existente a raíz del covid-19, compatible con la utilización de soportes electrónicos y/o digitales como a las medidas y protocolos vigentes.

El objetivo de ese procedimiento era “dotar de transparencia y participación ciudadana a los actos de mayor trascendencia de la vida institucional de la provincia, evaluando el cumplimiento de los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad técnica, trayectoria, compromiso con la defensa del orden constitucional de los derechos humanos y de los valores democráticos acreditados por parte del candidato propuesto”, según indica el decreto.

De acuerdo a la letra del documento, “la convocatoria ciudadana fue ampliamente difundida a través de la publicación en el Boletín Oficial, medios gráficos de circulación local y el portal web del Gobierno de la Provincia mediante el enlace https://www.tierradelfuego.gob.ar/consulta-ciudadana/ por medio del cual se brindó acceso a los antecedentes curriculares del Dr. Löffler, como así también a la demás documentación vinculada a dicha convocatoria”.

Según se desprende del mencionado decreto, “a través del correo institucional dispuesto para la recepción de las presentaciones, ingresaron un total de mil cuatrocientos cuarenta (1440) cartas de adhesión suscritas por profesionales del derecho, representantes de los colegios de abogados, asociaciones profesionales, personal del Poder Judicial local y nacional, funcionarios de la Provincia y Municipios, avalando positivamente la trayectoria profesional y académica del candidato, como asimismo también su compromiso con los valores democráticos, y respecto de la amplia experiencia acumulada en el ejercicio de la magistratura”.

No obstante, a su vez, “se recibieron cinco (5) cartas de ciudadanos y asociaciones civiles que realizaron una serie de observaciones en cuanto al proceso de selección del magistrado ajeno a esta instancia consultiva y a los aspectos concretos a evaluar, en tanto de la lectura de su contenido no emerge un cuestionamiento sobre los antecedentes ni de la idoneidad del candidato”.

Para el Ejecutivo, estas observaciones no habrían sido tomadas en cuenta dado que “el proceso instaurado por el Decreto Provincial Nº 723/09 y el aquí descripto, no tiene como objetivo analizar la conformación y funcionamiento de otro órgano constitucional; tampoco, desconocer o reemplazar de algún modo sus competencias y procedimientos encomendados al Consejo de la Magistratura”.

Por el contrario, se aclara que esta instancia de participación pública, “tiene por finalidad que el Poder Ejecutivo, en lo que hace a la esfera de sus competencias, prepare con cuidado su decisión provisto de las opiniones y el aporte de los diversos sectores de la sociedad civil -de carácter no vinculante- en lo referente al cumplimiento por parte del candidato de los requisitos y antecedentes para ser parte del Superior Tribunal de Justicia; y de cumplirlos, consecuentemente, proceder a la designación”.