En la primera jornada del juicio oral, en cuestiones preliminares,  la querella de uno de los damnificados y la defensa propusieron un acuerdo integral de reparación del daño causado, para lograr con ello el sobreseimiento de los imputados. La petición fue realizada en base a un precedente del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.

En la propuesta, la querella estaba de acuerdo con la reparación del daño y la victima aceptaría el dinero.

La fiscal del caso, la Doctora Laura Urquiza, planteó que por el bien jurídico en juego y el tipo de delito (tentativa de homicidio) no era viable realizar la reparación integral. Sostuvo que el precedente citado estaba previsto para casos penales en los que se dirimen delitos patrimoniales o en los que se puede llegar a un acuerdo  sin alterar los derechos establecidos en tratados internacionales, tal como lo sostiene el Superior Tribunal de Justicia.

Para la funcionaria “en este caso, el bien jurídico es la vida y de acuerdo a los precedentes a nivel internacional de la Corte Interamericana la vida es el bien jurídico mas importante por lo tanto es indisponible, razón por la que –dijo- me opongo”.

Superada la cuestión preliminar, dos de los imputados – Ronny Miguel Rordríguez Parra (22), Rony Leonardo Rodríguez Rosario (63)- se negaron a declarar ante el Tribunal mientras que Robin Joel Bonilla Minaya (23) accedió pero no contestó preguntas y solo dio una versión limitada de los hechos, distinta a lo dado en la Instrucción.

El juicio, en que los imputados deben responder en calidad de coautores del delito de homicidio en grado de tentativa continuará este viernes cuando el Tribunal escuche el testimonio de las víctimas y a los testigos que estuvieron en el lugar.

El Tribunal de Juicio está presidido por el juez Ernesto Borrone, con las vocalías de los doctores Martín Bramati y Eduardo López.

En tanto que el Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal Laura Urquiza, la querella es asumida por el abogado Daniel Mandolini y la defensa de los imputados por un Defensor Público.