Un grupo de abogados de la ciudad de Río Grande mostró su oposición al proyecto de ley impulsado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia que propone eliminar la incompatibilidad que tienen actualmente los jueces jubilados de litigar como abogados particulares, durante cuatro años, en el ámbito de la Justicia donde se desempeñaban.

Los letrados encabezados por Francisco “Paco” Giménez, incluso, fueron más allá de la oposición a la iniciativa difundida semanas atrás y propusieron discutir –también por vía legal- que para ejercer libremente su profesión luego de ingresar en la etapa jubilatoria, los magistrados deban suspender la percepción de haberes previsionales y pusieron el caso de “otras provincias donde ello ya ocurre”.

Giménez cargó contra el actual presidente de la asociación de jueces, el titular del Juzgado Laboral de Ushuaia Guillermo Penza, quien había sostenido que pensar en un posible “tráfico de influencias” si un ex juez litigaba en su antiguo fuero, era poner un manto de sospechas sobre la honorabilidad tanto de los ex magistrados como de los empleados judiciales que siguen desempeñándose en la misma dependencia.

“Si ese es el planteo yo soy categórico: claro que sospecho. Sospecho porque en Río Grande hubo un juez penal que tuvo que renunciar al hacerse público que manejaba un estudio jurídico en Buenos Aires, y porque un defensor público de Ushuaia fue acusado de cobrarles a sus defendidos con electrodomésticos. Y porque en esta provincia se copiaron sentencias completas y fue juez del Superior Tribunal Ricardo Klass. Por eso sospecho”, aseveró Giménez en declaraciones a FM Centro.

El abogado sostuvo que el proyecto de los magistrados es “inaceptable” y argumentó que si bien hay jueces que son muy honorables, como el Dr. Penza, las leyes no están hechas con nombre y apellido sino para la generalidad de los casos. Esto le garantiza al ciudadano una justicia imparcial, que no haya presiones, ni influencias\", agregó en una nota con Radio Nacional.

Según Giménez, el presidente del Colegio de Abogados de Río Grande, José Rodas, convocó a una asamblea donde el resto de los profesionales del derecho de esa ciudad podrán pronunciarse sobre el tema.

“Nuestra postura es o mantener la línea histórica del colegio en la materia, consistente en que exista esta incompatibilidad, o comenzar a discutir un proyecto para que si un juez quiere litigar sin ningún tipo de impedimento, se suspenda su beneficio jubilatorio. De esa manera estaríamos todos en igualdad de condiciones y además habría un alivio para la caja previsional\", enfatizó.

Además, el abogado habló de la necesidad de generar condiciones de “igualdad” en el ejercicio de la profesión, y se refirió a la desventaja que produce un ex juez retirado a temprana edad, sustentado por una jubilación paga por el Estado, frente a otros letrados, muchos de ellos jóvenes, que están comenzando su trayectoria en la provincia.

Inclusive dijo que la situación podría afectar al “vecino común” porque “en un juicio hay dos partes y no es lo mismo presentarse ante un tribunal con un abogado que es el ex juez del fuero, conoce a los empleados y los secretos que tiene cualquier tribunal”.

Por su parte, el juez Penza declaró ayer que la asociación de jueces “aceptará” la decisión de la Legislatura si “entienden que no es el momento para aprobar un tema como este”.

“Lo que hicimos es adelantar esta propuesta y consultarla con los presidentes de los colegios (de abogados). Y tenemos el derecho de presentar proyectos ante la Legislatura”, sostuvo en declaraciones a FM Del Pueblo.

Penza advirtió que la incompatibilidad legal es que exista una relación del juez con las partes, y no con el abogado que las representa.

“Esto quiere decir que si el juez tiene relación con el personal del juzgado, no es causal de recusación; si un juez que intervino en una causa, se jubiló y después es llamado para intervenir en esta causa, no lo debe hacer”, fundamentó el magistrado.

“Este es un proyecto particular que presentamos a la Legislatura. Ellos (por los legisladores) van a ser quienes decidan si lo admiten o no lo admiten. Nosotros entendemos razones y lo presentamos. Si la Legislatura indica que no es el momento lo aceptamos”, indicó el titular del Juzgado Laboral de Ushuaia sobre la polémica suscitada en torno al tema.