En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la inconstitucionalidad de la prisión perpetua que excluye la posibilidad de acceder a la libertad condicional para ciertos delitos. La decisión fue adoptada tras rechazar un recurso presentado por la fiscalía en un caso que planteaba la afectación al llamado "derecho a la esperanza" de los condenados.

El caso que marcó el precedente

El fallo tiene su origen en el caso de Sebastián Alejandro Guerra, quien fue condenado por disparar y asesinar a María Luján Campilongo, cabo de la Policía Federal, y herir gravemente a su pareja, Diego Hernán Ghiglione, en un violento ataque. Guerra recibió la condena de prisión perpetua, pero su defensa argumentó que esta pena, sin posibilidad de revisión, violaba derechos fundamentales.

Fundamentos del fallo

Los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti suscribieron la resolución, mientras que Ricardo Lorenzetti no adhirió. En sus fundamentos, la Corte destacó que "una persona condenada a una pena perpetua tiene derecho a conocer el régimen definitivo de la pena desde el momento mismo de la condena". Asimismo, se cuestionó la imposición de una pena que no contemple la posibilidad de reinserción.

Implicancias legales

Con este fallo, se declara inconstitucional el artículo 14, inciso 1° del Código Penal, que impedía que los condenados por delitos tipificados en el artículo 80 accedan a la libertad condicional. Esto significa que, aunque se mantenga la prisión perpetua, quienes cumplan con los requisitos establecidos podrán, eventualmente, solicitar su libertad condicional, independientemente del delito por el que fueron condenados.

Impacto en el sistema penal

La decisión genera un cambio significativo en el régimen penal argentino, ya que la prisión perpetua deja de ser efectivamente perpetua. Este fallo establece un precedente que reabre el debate sobre el equilibrio entre el castigo, los derechos humanos y la posibilidad de reinserción social.

Con esta resolución, la Corte Suprema reafirma la necesidad de garantizar un sistema penal compatible con los derechos constitucionales, incluso en los casos de delitos graves.