El juez Javier De Gamas Soler resolvió cerrar una causa penal que había sido iniciada en 2016 contra delegados y afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ante los incidentes que se registraron en el edificio de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios en el marco del conflicto estatal que comenzó en marzo y se extendió durante más de 90 días.

Los 17 imputados en la causa fueron notificados ayer de que quedaban desvinculados de la causa penal por el delito de atentado a la autoridad. En su momento se dieron una serie de inconvenientes con la ocupación del edificio de Obras Sanitarias que derivaron en que el presidente de la repartición, Guillermo Worman, formulara la denuncia penal en la fiscalía.

De Gamas Soler decidió esta semana “rechazar sin más trámite el requerimiento fiscal por haber las partes celebrado un acuerdo en el marco del proceso de mediación”. Dicha circunstancia canaliza los antecedentes de los hechos en otro ámbito que tras llegar a una solución entre partes, impide al juez penal avanzar con el proceso y con una investigación más exhaustiva de los hechos.

De esta manera ATE consiguió en el marco de la mediación, una de las primeras resoluciones positivas para sus afiliados, quienes quedarán de esta manera, desvinculados totalmente de los hechos imputados.

Hay que tener en cuenta que de haber seguido la causa su curso normal, podrían haber terminado algunas de las personas procesadas, con el potencial agravante de tener que afrontar un juicio oral y público en un futuro.

Salvando las diferencias, hay antecedentes que dan cuenta que en el pasado han existidos condenas en los estrados judiciales.  Tal el caso de la toma de casa de Gobierno en 2013, donde integrantes del sindicato docente SUTEF y Camioneros, tomaron Casa de Gobierno de manera violenta. Los mismos terminaron condenados en diciembre de 2015 con un abanico de delitos, principalmente por los delitos de daño y atentado a la autoridad.