El juez de instrucción Javier De Gamas Soler llamó a prestar declaración indagatoria a cinco empleados jerárquicos  de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (ex IPAUSS) acusados de presunta “defraudación contra la administración pública” por el libramiento y cobro de cheques destinados al pago de prestadores médicos y otros fines en la delegación Buenos Aires, durante el año 2014.El caso corresponde a una denuncia realizada a fines del año pasado por el entonces presidente del IPAUSS, Rubén Bahntje (hoy presidente de la Caja de Jubilaciones de la Provincia) e involucra a la Jefa de División Elizabeth Micheli, hermana del secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma) Pablo Micheli, a la ex delegada del IPAUSS en Buenos Aires, Marisa Sánchez (consuegra de Elizabeth Micheli) a la ex responsable de uno de los fondos permanentes de la delegación, Nadia Margaride (cuñada de Marisa Sánchez), además de a los agentes Alfredo Ríos y Álvaro Chavarría.Todos deberán presentarse entre el 9 y 10 de agosto por la mañana en el edificio de tribunales de Ushuaia, acompañados de un abogado defensor.El antecedente de la causa es una investigación administrativa que hizo foco en la falta de rendición de los fondos permanentes utilizados para el pago de prestadores, pago a afiliados y caja chica, todos en Capital Federal y durante 2014.El informe Nº 2051 de la auditoría interna del organismo, fechado el 27 de mayo de 2016, arrojó que 9 cheques correspondientes a esos fondos, por un monto total de $100.150 no habrían sido rendidos, y que algunos de ellos habrían sido cobrados por los mismos responsables de extender los pagos.Para intentar verificar esa situación, la Justicia ordenó una pericia contable, de donde surge que, efectivamente, todos los cheques fueron firmados por algunos de los acusados y cobrados por otros.Además, la pericia determinó que “no se verificó la existencia de gastos que se correspondan con actividades propias del IPAUSS” y que se hayan cancelado con los cheques sujetos a la investigación, en la gran mayoría de los casos.De acuerdo a la pericia, de los $100.150 librados en cheques, $83.150 no se pudieron justificar, mientras que al verificarse el “libro de bancos” del organismo, los cheques figuraban librados a nombre de personas o prestadores, en tanto que después se constató que esos mismos cheques habían sido cobrados por ventanilla en el Banco de Tierra del Fuego, por alguno de los involucrados.Por tratarse de una etapa preliminar de la investigación, la Justicia no avanzó todavía en el alcance de las responsabilidades personales de cada uno de los denunciados, ya que mientras algunos pueden haber formado parte de la supuesta maniobra defraudatoria, otros podrían haber aportado la firma en razón de su función administrativa.El juez también admitió como querellante en la causa a la actual  titular de la Obra Social del Estado, Margarita Gallardo.  Firmo y cobroEl informe de auditoría interna que dio origen a la denuncia penal hizo hincapié en la rendición de tres fondos permanentes: uno para gastos operativos por $100 mil, otro para el pago a afiliados, de $1.850.000 y el último de pago a prestadores por $1.500.000.De allí surgió que seis cheques (número 2303697 por $20 mil, 2424756 y 2324777 por $5000, 2324778 por $5000, 2332153 por $3500 y 2332355 por $4750) librados contra la cuenta número 0107045/4 del Instituto en el Banco de Tierra del Fuego (BTF), no habían sido rendidos. A ellos se les sumaron luego tres cheques más (números 2304296, 2366402 y 2331047) librados contra la cuenta número 01071064/5 del BTF.Así se descubrió que, por ejemplo, el cheque número 2304296 por $40 mil había sido librado por Sánchez y por Micheli, y cobrado por la propia Sánchez, el 1 de abril de 2014.Por su parte, el cheque número 2366402, por $16.900, había sido librado por Margaride y cobrado por Sánchez, el 14 de agosto de 2014.Las autoridades del IPAUSS aclararon en la denuncia que los responsables de rendir los fondos permanentes “fueron notificados en reiteradas ocasiones del incumplimiento de la rendición”, pero que sin embargo nunca ofrecieron un descargo ni una justificación adecuada.Además, afirmaron que la delegación Buenos Aires funcionó durante años “como un apéndice gremial”, en que las decisiones eran tomadas por personas ligadas a la CTA, que “decidían la forma con que se administraban las cuentas corrientes para el pago de prestadores”, indicaron.