El cuestionado fallo que emitió la Corte Suprema sobre el pedido de haberes jubilatorios entablado por Mario Manfredotti, no pasa desapercibido. Esto sucedió en enero de de este año pero la Caja aún acató la medida: tiene tiempo hasta el 17 de marzo para jubilar al exvicepresidente del Puerto de Ushuaia y pagarle, lo que se presume que estaría cobrando un millonario desembolso de fondos del Estado provincial.

El Abogado Félix Santamaría explicó "Estamos esperando que la Caja acate lo dispuesto por la Corte, salió el 11 de enero la sentencia. Vamos a pedir que se intime a la Caja a cumplir con la medida, según la sentencia le deben pagar desde que cesó en su cargo, en junio de 2009 Técnicamente, un cargo de subsecretario en este momento está en 194.000 pesos en mano".

El letrado quien defiende a Manfredotti, expuso que el sueldo de los funcionarios "están diferenciados del sueldo del gobernador", y dijo que lo que corresponde es abonarle al exfuncionario por ley "son casi 190 sueldos".

"Con los aguinaldos, o sea 11 sueldos más. Son unos 25 millones de pesos más intereses, sin perjuicio del por qué le sacan la jubilación", remitió el dr. Santamaría.

"Tierra del Fuego sacó una ley que es contraria a la Constitución Nacional", indicó Santamaría.

Santamaría expresó que la historia de la jubilación de Manfredotti se remonta a casi dos décadas atrás, cuando por un resolución "le sacan la jubilación en el 2004 o 2005, y aporta unos años más en el Estado".

"Con eso se pide la jubilación, pero la Caja no le permite porque no le reconoció los servicios anteriores al año '85, y ahí es donde empieza el conflicto.Técnicamente tiene que devolver la totalidad de la jubilación, en el primer juicio sufrió embargos además", acentuó.

Por último, Santamaría vaticinó un tercer juicio "por daños y perjuicios", e insistió con que, según la ley, "se tiene que pagar a valor actualizado al 2022, si yo te pago a los haberes del 2009 un funcionario cobraba con suerte $18.000".

"La Caja lo que hizo fue aplicar la norma. Hay un fallo del Superior Tribunal que avaló la norma, y es una norma que sacó la Legislatura provincial: hay una responsabilidad, pero no de la Caja, la provincia de Tierra del Fuego sacó una ley que es contraria a la Constitución nacional", concluyó el letrado.