El juez Martín Bava procesó al expresidente Mauricio Macri por el espionaje a los familiares que buscaban respuestas acerca de lo sucedido con el submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017. Si bien las denuncias por el accionar ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la era Cambiemos fueron múltiples, ésta es en la que, por primera vez, un magistrado federal le asigna responsabilidad directa al exmandatario.

La decisión de Bava se conoce casi un mes después de que indagara a Macri. El líder del PRO fue inicialmente llamado a indagatoria el 1 de octubre pasado. Sin embargo, no se presentó hasta el 28 de octubre, cuando no declaró porque su defensa advirtió que no le habían levantado el deber de guardar secreto que rige para cuestiones vinculadas a la inteligencia. Bava recién pudo indagarlo el 3 de noviembre.

En esa oportunidad, Macri no habló sobre la actividad de inteligencia ni sobre lo sucedido sobre el colectivo de familiares, únicamente le entregó un escrito al juez y le dedicó un par de chicanas: le dijo que no quería demorarlo así podía procesarlo antes de las elecciones del 14 de noviembre.

El procesamiento llega casi tres semanas más tarde de las elecciones y después de que Bava haya sorteado una segunda recusación que planteó el expresidente para intentar correrlo de la causa. Ninguno de los argumentos de Macri se verificó: ni que el juez lo llamó a indagatoria con el calendario electoral en la mano, ni que se trataba de un magistrado "anti-PRO". Por el contrario, Bava no dictó la resolución hasta recibirles declaración a los testigos que pidió Macri el 3 de noviembre.

El espionaje ilegal

Según reconstruyó el juez, la AFI --desde su delegación Mar del Plata-- se dedicó a seguir, fotografiar e infiltrar a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan entre diciembre de 2017 y finales de 2018. El accionar de los espías estuvo guiado por un objetivo: anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos en un tema que suscitaba el interés nacional e internacional.

En la causa ya había once procesados por el espionaje ilegal a las familias: el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, la exsubdirectora general Silvia Majdalani, el exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes que estaban bajo sus órdenes. El martes, Bava procesó también a los dos directores operacionales de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, por no haber controlado lo que pasaba en la base Mar del Plata. Para el juez, la omisión no fue un error sino que obedeció a un plan pergeñado desde lo más alto del Poder Ejecutivo para tener en la mira a los familiares de los tripulantes.

La investigación por el espionaje sobre las familias del ARA San Juan se inició en septiembre del año pasado con una denuncia que presentó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de Mar del Plata. La pesquisa estuvo en manos inicialmente del fiscal general Daniel Adler, pero el juez Santiago Inchausti entendió que el episodio debía investigarse dentro de una trama más grande de espionaje como la que se investigaba en el juzgado federal de Dolores --entonces a cargo de Alejo Ramos Padilla--. La Cámara Federal de Mar del Plata convalidó la decisión de Inchausti y, cuando Ramos Padilla juró al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata, Bava se hizo cargo de este expediente y de los otros que tramitaban en Dolores.

Macri quiere que la causa vaya a Comodoro Py

Para Macri no está dicha la última palabra. Horas antes de que Bava dictara el procesamiento, el defensor de Macri, Pablo Lanusse, le había pedido a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que tratara de manera inmediata su pedido para correr al juez que subroga en Dolores.

En realidad, la meta última del expresidente es que la causa pase a los tribunales de Comodoro Py, un terreno más conocido y amigable para el macrismo. Días atrás, el camarista Martín Irurzun ordenó al juez federal Ariel Lijo que diga si debe investigarse allí el caso o debe seguir en la justicia federal de Dolores.

Si pasara a los tribunales de Retiro, la revisión del procesamiento quedaría en manos de la Cámara Federal porteña, el mismo tribunal que aún dilata las definiciones sobre los 38 procesamientos que dictó en febrero el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé antes de que le sacaran el expediente que tramitaba en esa jurisdicción.