Ante el Juzgado Civil y Comercial Federal 11; los abogados Daniel Sallaberry, Miguel Araya y Horacio Rodolfo Belossi presentaron una demanda colectiva contra la empresa Prodesur SA, propietaria del buque pesquero de bandera argentina B/P TAI AN, por pesca ilegal dentro de la ZEEA.

La demanda pretende lograr que se declare la protección del derecho constitucional a un ambiente “equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras de los argentinos”.

Los demandantes señalan que la pesca o captura de 175 toneladas de merluza negra entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024 fue efectuada en violación de las normas vigentes y ocasionó un daño relevante al ecosistema oceánico argentino y solicitan que los responsables compensen económicamente a “la clase” –constituida por “toda la comunidad argentina”– por el daño patrimonial, extrapatrimonial o moral y punitivo ambiental.

En este caso, piden un resarcimiento económico equivalente al valor de lo extraído -en este caso la merluza negra- en el mercado internacional, más otra suma a determinarse por un sistema de monetización de daños ambientales de uso internacional en concepto de daño moral ambiental, además de la que el Tribunal determine en concepto de daño punitivo con el fin de desalentar estas conductas antijurídicas en el futuro.

Según solicitan los demandantes, dichas indemnizaciones deberán ser asignadas a un Fondo de Compensación Ambiental que se destinará a la Prefectura Naval para mejorar el control de la pesca ilegal en aguas territoriales argentinas, incluidas las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.

Antecedentes de los hechos

El 27 de marzo, la Armada y Prefectura Naval Argentina, en una acción coordinada, abordaron un buque de bandera china –el TAI AN– que estaba pescando ilegalmente en la ZEE del Mar Argentino.

El incidente se inició cuando las autoridades nacionales, a cargo de la vigilancia de la región, lo detectaron navegando 12 millas adentro de las aguas jurisdiccionales argentinas y con el sistema de identificación automática (AIS) apagado.

El barco chino ignoró los intentos de comunicación de parte del buque argentino hasta encontrarse en aguas internacionales, momento en el que activó también el identificador.

Pasadas apenas unas horas y con el equivocado convencimiento de que las autoridades argentinas no regresarían, volvieron a la zona para continuar con la depredación. Sin embargo, la corbeta y el patrullero oceánico, debido a un cambio de rumbo, retornaron la ruta y confirmaron la operación irregular de la embarcación.

Las indemnizaciones deberán ser asignadas a un fondo de compensación ambiental que se destinará a la Prefectura Naval Argentina para mejorar el control de la pesca ilegal.