La Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande y la Asociación de Mujeres e Hijes Familiares de Personas Privadas de la Libertad emitieron un comunicado crítico en respuesta a la reciente decisión del Tribunal de Juicio de la Zona Norte, que ha fijado a 50 años la duración de las penas para personas condenadas a prisión perpetua. Según estas organizaciones, esta medida equivale a una “condena a muerte encubierta” y resulta en penas “inhumanas, degradantes y crueles”.

El comunicado explica que, en los últimos días, personas privadas de su libertad han sido notificadas de la aplicación de este máximo de pena, a solicitud de la jueza de Ejecución. Las ONGs destacan que esta medida implica que algunos condenados, en su mayoría jóvenes de alrededor de 30 años, terminarían cumpliendo su condena a una edad avanzada, rondando los 80 o 90 años, con pocas perspectivas de reinserción en la sociedad.

Las organizaciones denuncian que estas decisiones provocan “angustia y desesperanza” en los presos y sus familias, quienes ven desvanecidas sus oportunidades de rehabilitación y reintegración a través del estudio y el trabajo. Asimismo, advierten sobre las deficientes condiciones en las cárceles provinciales, que agravan el impacto de esta prolongada reclusión.

Finalmente, ambas ONGs hicieron un llamado a revisar estas determinaciones judiciales, argumentando que el sufrimiento de las víctimas no se compensa con penas extremas que niegan a los condenados cualquier expectativa de una vida futura.