Estará a cargo del abogado Paulino Rossi, quien representará a vecinos damnificados que cancelaron sus terrenos y que nunca fueron entregados. El fideicomiso Altos de la Patagonia que se encuentra ubicado entre Barrio Norte y Altos de la Estancia, fue creado en 2014 con la intervención de autoridades de la Caja de Previsión de la Policía de la Provincia, en una asociación con la empresa Financar de Walter Agra y el empresario Walter Darío Prieto.

“Altos de la Patagonia está conformado por tres patas, la Caja de Previsión de la Policía de Tierra del Fuego, y otros dos empresarios reconocidos de la provincia, quienes comercializaron 300 terrenos en la zona norte de la ciudad. Personal de la fuerza y otras personas, los compraron, pagaron, cumplieron con todas sus obligaciones y lamentablemente han sido defraudados”, recordó Rossi en declaraciones con Minuto Fueguino.

Los terrenos que debían ser entregados en mayo de 2017, al día de hoy no cuentan con los servicios. “No solamente no se les ha entregado el terreno sino de que no hay ningún tipo de movimiento, las obras están totalmente paralizadas por problemas de las tres partes de este fideicomiso”, añadió.

Por eso desde el estudio de Rossi, se ha iniciado una demanda colectiva, con características similares a la que se inició a la empresa TV Fuego. “ya nos ha dado lugar la justicia para proceder con la misma, ahora tenemos que publicar los edictos para que los damnificados puedan adherirse a la demanda. Igualmente, todos van estar representados”.

En tal sentido, comentó cómo funcionaba cada una de las partes del fideicomiso: “La titularidad originaria era de la Caja de la Policía; se aportó la tierra y después estaban los que se encargaban de la comercialización y los otros dos empresarios que se encargaban de hacer los servicios, pero hay una responsabilidad compartida de la cual hoy no se puede hacer de distraída la Caja de Previsión”.

En relación a las repuestas obtenidas por las partes en cuestión dijo, “con la inmobiliaria que se comercializó tuvimos dialogo en su momento y explicaban que lo único que hacían era comercializar por una oferta pública de un magnate, que en este caso era la Caja Previsional. La charla informal la hemos tenido con actuales funcionarios de la Caja, argumentan problemas internos entre las partes que la verdad nosotros no somos parte y no nos podemos involucrar en eso. Son problemas que tienen que resolver las tres patas que estaban dentro de este fideicomiso”.

“Vamos a tener que iniciar las acciones judiciales porque no hay respuesta alguna por parte de los representantes que han defraudado la confianza de 300 familias de la ciudad”, consideró el abogado.

Aclaró que existen boletos de compra venta por terrenos que nunca fueron entregados, “hay una responsabilidad por parte de referentes de la cúpula policial que forman la Caja Previsional, los que deberían velar por la seguridad son los responsables de un desfalco muy grande que, estamos analizando también si no tendría implicancias penales por doble escala y por la operatoria que se ha llevado adelante”.

“El Estado permanentemente toma acciones contra proyectos de inversión que no se entregan, incluso hay decretos que hace poco han salido nivel provincial que prohíben la comercialización sin servicios; al día de la fecha más allá de quienes hayan sido los funcionaros que tomaron las decisiones en su momento, hay una responsabilidad de varias autoridades para dar una solución a este tema”, y analizó, “es una cifra muy importante las que han percibido en su momento, las obras no se han hecho y los terrenos no se han entregado”.

Por último, reiteró: “estamos en instancia de publicar los edictos, tendrá difusión también por canal público para que todos los damnificados puedan adherirse a esta demanda colectiva que hemos iniciado hace un poco más de un año. El que adhiere va a poder iniciar después de forma individual, si ha sufrido daños y perjuicios diferenciados, habilitándose una segunda instancia”.

“Ojalá se pueda encontrar una solución por la vía del diálogo, pero sino seguiremos hasta las últimas consecuencias con las instancias en el fuero civil y comercial. También estamos evaluando seriamente porque creemos que hay elementos muy fuertes que nos permiten indicar que hay responsabilidad penal por quienes formaron parte de este fideicomiso”, cerró.