Se trata de una figura que permite acceder al título de propiedad luego de una permanencia superior a los veinte años, como es el caso de los más de 40 vecinos que esperan la regularización, haya o no pagado por esa vivienda.

“La historia del barrio YPF tiene más de 30 años. Tengo un cliente que ya ha fallecido y la cónyuge con sus hijos van a iniciar un juicio de usucapión contra el gobierno de la provincia, para reclamar el título de propiedad de la vivienda”, dijo el letrado.

Cabe señalar que en la gestión anterior se había asegurado que estaba todo listo para la regularización, en una tarea conjunta con el IPV, pero no hubo ningún avance, tampoco en la gestión actual: “Son más de 40 viviendas y sé que el IPV citó a todos los ocupantes en ese momento para tratar de regularizar, pero se les explicó la situación y nunca se supo nada sobre un avance en este tema”, dijo.

Respecto de la intención del gobierno de convocar al tribunal de tasación para determinar el valor de las viviendas, el abogado fue contundente y afirmó que no corresponde pagar un solo peso. “Si se hizo esa tasación lo desconozco, y si el gobierno pretende tasar las propiedades está muy equivocado. Los ocupantes de esas viviendas no tienen que pagar un solo peso porque ya son dueños porque

están ahí desde hace más de 20 años.

El juicio de usucapión es para eso, ya sea que hayan comprado la vivienda a YPF o la hayan ocupado sin pagar. Si la ocuparon sin comprar pero nadie los sacó en más de veinte años, son titulares”, sentenció.

“Cuando uno ocupa una vivienda sin comprarla y pagó impuestos a lo largo de los años, hizo modificaciones y el propietario no hizo nada para recuperarla, cumplidos los veinte años se inicia el juicio de usucapión para que el juez otorgue la propiedad definitiva del inmueble”, explicó

de esta figura.

“Este es el primer juicio de este tipo que se inicia en el barrio.

El primer paso que tienen que hacer los vecinos es ir a ver a un abogado, que les va a pedir la documentación que tengan, el pago de impuestos, los planos si los tienen, boleto compra-venta si hay, y todas las pruebas deque está ocupando la vivienda hace más de veinte años. Una vez que se reúne la prueba se inicia la demanda contra el que figura como titular dominial del inmueble, en este caso el gobierno de la provincia”, detalló de los pasos del proceso.

Aclaró que en el caso de su cliente “celebró un boleto de compra-venta en 1993 con YPF, porque compró la vivienda a través de un crédito del Banco Hipotecario. Por eso el gobierno no tiene derecho a pedir un peso y es ridículo si lo pretende”, remarcó.

En los próximos días se va a hacer la presentación porque todavía están reuniendo la documentación. El letrado no tiene previsto dialogar previamente con ninguno de los funcionarios para evitar llegar a la demanda, ante la demora en la regularización a lo largo de todas las gestiones. “No es necesario llamar a nadie y además es imposible porque nos van a pasar de un funcionario a otro.

Es mucho más complicado litigar contra la administración pública que contra un particular, por toda la burocracia administrativa y es un juicio

que no es rápido porque va a durar dos o tres años, pero es importante iniciarlo y sentar el precedente”, concluyó.