Recientemente, el medio argentino, Agenda Malvinas, dio a conocer la noticia de que entre los días 9 y 10 de enero de este año, zarparon desde el puerto Vigo cinco buques de origen español hacia las islas del Atlántico Sur. Se trata de los barcos Beagle F.I., Venturer, Falcon, el SIL y el Capricorn, a los que se les suma la partida del Robin M Lee, que dejó el puerto la primera semana de enero, también con las Malvinas como destino objetivo.

Desde el puerto de Marín, en Galicia, partieron tres barcos más: el Castelo, el Galmar y el Igueldo, y se espera que otros lo hagan en los días siguientes. En este sentido, todas las embarcaciones esperan llegar a las Islas Malvinas antes del 26 de febrero, cuando entran en vigencia los permisos de pesca otorgados por la autoridad británica sobre dicho territorio; permisos que para Argentina no tienen valor y fueron otorgados de forma ilegal, ya que tanto las islas como sus mares circundantes son de soberanía argentina y no británica.

En línea a esto, varios estudios arrojaron que la pesca de calamar en el Atlántico Sur está lejos de ser un negocio menor. Según publicó el medio Agenda Malvinas, tan solo durante el año 2022, las embarcaciones provenientes de Galicia se hicieron de alrededor 101.000 toneladas de calamar loligo, una especie que es demandada en Europa debido a su amplio consumo, y que le generó a las empresas españolas ganancias superiores a los 1.300 millones de dólares.

El argentino César Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca de Latinoamérica (Cespel), señaló a través de su cuenta de twitter la contradicción existente entre la actividad de los buques españoles y la posición de España, que reconoce la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Asimismo, el especialista reclamó a la Cancillería argentina que convoque a la representación diplomática española en Buenos Aires por el tema, que se repite anualmente.

Finalmente, el medio especializado en el caso de la pesca en Malvinas resaltó los datos obtenidos en un informe que muestran que, las ganancias obtenidas por los españoles gracias a la pesca irregular en territorio argentino, representan el doble de los ingresos previstos para el año 2023 para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, circunscripción que incluye a las Islas Malvinas. Para abordar esta problemática, durante el año 2020, Argentina aprobó mediante una ley, la incrementación de multas para la pesca ilegal en su territorio marítimo, extensión que abarca las aguas que circundan a las Malvinas.