La causa judicial donde se investigan las presuntas torturas a soldados argentinos por parte de militares de su propia tropa, durante la guerra con Gran Bretaña de 1982, se encuentra actualmente “en manos” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así lo afirmó a Somostelam el secretario de Derechos Humanos del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) Ernesto Alonso, para quien el actual gobierno de Javier Milei “tendrá que dar cuenta” sobre el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La mega causa
El expediente se inició en 2007 ante la Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, que tiene pendiente de resolución un recurso para determinar si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no prescriben.La mega causa posee más de 200 militares imputados, decenas de testimonios y pruebas incriminatorias y ya motivó procesamientos dictados por el Juzgado Federal actualmente a cargo de la jueza Mariel Borruto. Hoy estamos en manos de la Corte Suprema, un organismo que no tiene plazos para resolver y que en 2015 tuvo la oportunidad de expedirse y no lo hizo en el ‘caso Taranto’. Por esta demora tuvimos que acudir a la CIDH que el año pasado declaró el caso como admisible y ahora será el Estado argentino el que se tenga que hacer cargo”, analizó el secretario del Cecim que es parte querellante en el expediente, en diálogo con SomosTélam.
Según Alonso, lo ocurrido con los soldados conscriptos en plena guerra de Malvinas sirve para demostrar cómo “el plan sistemático de violación de los derechos humanos aplicado por la dictadura en el continente también se trasladó a las islas”.
Los combatientes fueron víctimas de aberrantes tormentos”, los “estaqueaban en la turba bajo fuego enemigo. Muchos murieron atados en el piso, congelados y con hambre. Hubo casos de abusos y muestras de antisemitismo. Todo eso consta en documentos desclasificados y se probó por testimonios y otras evidencias”, aseguró el dirigente.
También recordó que las denuncias empezaron a acumularse a partir de 2005 en la provincia de Corrientes, y después se extendieron a soldados de otros lugares del país.
La causa judicial lleva 17 años de tramitación y “ya debería estar en la instancia de juicio oral”, pero “nos enfrentamos a un poder que trata de tapar el vergonzoso desempeño de las Fuerzas Armadas en el conflicto y que insiste en definirlo como una gesta patriótica”, insistió Alonso.
Negacionismo
El integrante del Cecim admitió que a este escenario se suma el accionar del actual Gobierno Nacional, cuyos funcionarios niegan los crímenes cometidos por la dictadura.“Tenemos una figura como la propia vicepresidenta Victoria Villarruel que esgrime un discurso de falso nacionalismo y que niega el rol de la dictadura. Y un presidente como Javier Milei que ha reivindicado a Margaret Thacher o una canciller como Diana Mondino que no cumple con el mandato constitucional de reivindicar la soberanía sobre Malvinas”, enumeró el excombatiente.
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